Especial para Panamá Profundo
Proyecto Minero Petaquilla: Análisis desde la perspectiva del acompañamiento a las comunidades afectadas
María Virginia Almanza
Con el alza el los precios del oro y el cobre, se ha producido un nuevo despertar en la industria Minera en Panamá. El proyecto Minero llevado adelante por la empresa PETAQUILLA, S.A., y sus subsidiarias, ha sido reactivado y en éstos momentos se encuentran realizando construcciones de facilidades tales como Heliopuertos, carreteras, etc. Como secuelas de la actividades de las empresas mineras se han reportado contaminación de las fuentes de agua (ríos y quebradas), aire, destrucción de bosques, entre otras.
EL PROYECTO DE MINERA PETAQUILLA:
El interés en este proyecto inicia mucho antes de 1997, con concesiones otorgadas por el Estado para la exploración del sector. Sin embargo, la relación Jurídica ESTADO- EMPRESA, se estrecha aún más luego de la Firma de un contrato ley (Ley 9 de 1997). Con la entrada en vigencia de esta Ley se crea un régimen especial para el Proyecto Minero, se otorgan privilegios incluso de mayor alcance de aquellos previstos en el código Minero y el Estado se obliga a no variar las condiciones existentes a la firma del contrato-Ley, entre otras cosas.
La concesión otorga derechos mineros sobre todos los minerales (metálicos o no metálicos) que se encuentren en el área. Así como para producir y comercializar energía eléctrica de cualquier forma.
Durante algunos años la empresa se abstuvo de iniciar la fase de explotación, toda vez que los precios del oro y el cobre se habían desplomado; sin embargo con el alza de los mismos y la posibilidad de perder la concesión minera, el proyecto se ha reactivado nuevamente y avanza con gran rapidez.
AREA AFECTADA:
El contrato Ley abarca directamente un área de 13,600 hectáreas en el Distrito de Donoso; sin embargo también prevé la posibilidad de que se adicionen al régimen las concesiones colindantes. Una investigación que realizáramos en el Ministerio de Comercio e Industrias, demuestra como las mismas compañías han obtenido concesiones por toda la provincia de Colón y Coclé, algunos autores hablan de que el área afectada podría superar las 40, 000 hectáreas. De todas formas el contrato permite que la empresa construya facilidades tales como carreteras, puertos, hidroeléctricas, etc, aún fuera del territorio de la concesión, para lo cual el Estado garantiza la obtención de los permisos necesarios a favor de la empresa.
EL AVANCE DE LAS OBRAS DE LA EMPRESA:
La empresa desde mediados de éste año comenzó la construcción de la carretera a partir de Coclesito, en estos momentos las construcción ha avanzado más de 12 Kilómetros adentrándose cada vez más en bosques. Para la realización de la obra se toma grava y cascajo de los ríos (extracción No Metálica), lo que incrementa la contaminación.
El cambio de los cauces de los ríos y la edificación de aproximadamente un total de 10 puentes, incluyendo el Puente Sobre el Río San Juan de Turbe, forman parte de las infraestructuras que adelanta la Empresa. Aún cuando la construcción de carreteras es considerado por muchos como un acceso al deseado "progreso y desarrollo" de ésta zona, en la práctica no solo se ha destruido la fauna y alterado los ecosistemas, sino que toda la sedimentación arrastrada prácticamente ha secado muchas de las quebradas y perjudicado los ríos. Aquellos que conocieron el río San Juan antes de las obras de la empresa atestiguan como el río ha disminuido enormemente su nivel, se puede apreciar que el agua está sucia no solamente por la extracción de minerales no metálicos, sino por los desechos de aceites y combustibles que dejan a su paso las grandes maquinarias de la empresa al paso por los ríos.
En las comunidades dónde se están realizando los trabajos por parte de la empresa, los ríos juegan un papel fundamental, ya que sostienen la vida y las actividades agropecuarias de los pobladores. Muchas personas de estos sectores no cuentan siquiera de acueductos rurales, y que deben utilizar el agua directamente de los ríos y las quebradas, por esta razón la actual contaminación se puede considerar como una verdadera tragedia. Ya se reportan incrementos de enfermedades gastrointestinales y erupciones en la piel, así como enfermedades respiratorias.
Nos sentimos sumamente preocupados por la posibilidad de construcción de Hidroeléctricas, que limitarían aún más el acceso al agua para los pobladores.
LAS COMUNIDADES AFECTADAS:
Una de las características de estas comunidades es que son especialmente vulnerables. Pobre nivel de educación, necesidades económicas urgentes, olvidados de los Gobiernos y del llamado desarrollo; estas comunidades pueden ser fácilmente presa de violaciones a los derechos fundamentales, tal como está sucediendo en estos momentos con la contaminación agua y del medio ambiente.
Uno de los abusos principales de los proyectos mineros, son los desplazamientos; en Panamá y en especial gracias al régimen legal del Contrato Ley, se ha considerado el Proyecto como de "INTERES PRIORITARIO" para el Estado. Esto es términos prácticos garantiza la primacía del derecho de la Empresa a desarrollar su proyecto sobre los derechos particulares, incluyendo el derecho de propiedad. Se prevé entonces expropiaciones y servidumbre de paso y de agua a favor de la empresa. Sobre el particular, algunos campesinos nos han referido episodios de expropiaciones forzosas realizadas por la empresa.
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL:
A pesar de la magnitud de las obras de la empresa, ésta no cuenta con los estudios de impacto ambiental aprobados. El Contrato Ley preveía un silencio administrativo en lo relativo a la aprobación de los estudios de Impacto ambiental. Este contrato fue suscrito y entro en vigencia antes que la Ley General de Ambiente; sin embargo, la empresa al solicitar una aprobación de un nuevo plan General del Proyecto se comprometió en cumplir con la normativa ambiental vigente y la presentación de Estudios de Impacto ambiental, como presupuesto para la aprobación del nuevo plan presentado al Gobierno.
La empresa No ha cumplido con esta exigencia, no sabemos los riesgos de las actividades que desarrolla y que pretende desarrollar en el futuro. No conocemos los costos ambientales, pero el sentido común nos indica que si en la etapa de exploración se ha dañado tan gravemente el ambiente, la etapa de explotación podría ser mucho más peligrosa.
PARTICIPACION CIUDADANA:
El Código Minero establece un mecanismo de consulta ciudadana, que en la práctica resulta ineficaz. Se colocan avisos en las oficinas de la Corregidurías y se establece un término para la oposición a las concesiones. Lo cierto es que las comunidades no han sido debidamente consultadas, no se le explica los pro y los contra de este tipo de actividad. Las empresas hábilmente desarrollan planes de ayuda social, reparten becas y prometen traer empleos y desarrollar los sectores; sin embargo nada dicen de los daños al ambiente, de las posibilidades de desplazamientos y de los temidos "accidentes" de trágicas consecuencias. No explican las posibilidad de daños a la salud, de los derrames que nadie puede garantizar que no ocurran; nada dicen de los impactos también negativos que se relacionan con la actividad Minera a Cielo Abierto.
La consulta en lugar de ser un mecanismo de verdadera participación ciudadana incluyente, pasa a ser un mero trámite, un requisito de fácil cumplimiento.
Si tomamos en cuenta que los lugares donde se desarrolla el proyecto, son lugares empobrecidos, se necesitaría mucho más para garantizar los derechos básicos de las comunidades.
VOLUNTAD Y ACTUACION DEL ESTADO
Nuevamente nos encontramos ante la dificultad que el Estado otorga concesiones, y se compromete sin estimar lo verdaderos costos dentro de los cuales se encuentra la dimensión ambiental. Es muy sintomático el hecho de que no se haya detenido la obra en ejecución de la empresa, aun cuando no consta de Estudios de Impacto ambiental.
Las autoridades locales que son las que tienen contactos directos con las realidades de estas poblaciones tan alejadas, no cumplen su papel de preservar la vida, honra y bienes de las personas bajo su jurisdicción, y tampoco realizan las denuncias que deberían haber hecho de oficio. Ante esta realidad de indiferencia de los gobiernos, es necesario que la defensa de los derechos surja de las mismas comunidades. Actualmente se está tratando de organizar y de dotar a los afectados de la información necesaria para que puedan elegir acerca de su apoyo o rechazo del proyecto. Necesaria sería también un apoyo más integral que promueva al ser humano y que les brinde la posibilidad de mejorar la calidad de vida con actividades económicas alternativas.
PRINCIPALES DIFICULTADES Y RETOS
Una de las principales dificultades que se presentan es la indiferencia de los gobiernos ante esta temática. Básicamente la política económica que se sigue es la de incentivar el sector minero, sin importar el procedimiento de extracción.
Por otra parte, nos encontramos ante empresas muy poderosas e intereses económicos importantes, lo que hace más difícil las acciones de denuncia. Existe además desconfianza para con las autoridades y resistencia por parte de los gobiernos a permitir mayor participación de los directamente afectados.
Es necesario el acompañamiento responsable y desinteresado de las organizaciones nacionales e internacionales que sean sensibles ante estas realidades y que puedan acompañar y fortalecer las acciones de defensa de los derechos humanos y ambientales.
