Por la vigencia de las libertades democráticas y la investigación imparcial de los hechos de violencia

Servicio de Paz y Justicia en Panamá
(SERPAJ-Panamá)

Por este medio, el Servicio de Paz y Justicia en Panamá (SERPAJ-Panamá) deplora los lamentables hechos acaecidos esta semana que dieron por resultado la muerte de los trabajadores Osvaldo Lorenzo y Luigi Antonio Argüelles, miembros del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (SUNTRACS), así como un número de trabajadores heridos y detenidos.

Ambos hechos son producto de una escalada de violencia, donde empresas extranjeras involucradas en los proyectos de construcción de la Autopista Panamá-Colón e Isla Viveros, respectivamente, promueven la formación y afiliación de sus trabajadores contratados en sindicatos propatronales o amarillos, para evadir las responsabilidades laborales que les corresponden en cumplimiento de nuestra legislación de trabajo.

Consideramos que el derecho de sindicación de los trabajadores panameños debe ser respetado por las empresas nacionales y de capital extranjero, puesto que es un derecho amparado por la Constitución , convenios de derechos humanos y de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Este derecho comprende la libertad de constituir, afiliarse o desafiliarse, a sindicatos, por parte del sector obrero, con independencia del empleador, de otras organizaciones y del Estado.

En nombre de la libertad sindical, inherente al derecho de sindicación, no se pueden amparar las prácticas empresariales de incentivar el “amarillismo” en el sindicalismo, lo cual es contrario a este derecho. Las autoridades gubernamentales, encargadas de garantizar el cumplimiento de las leyes laborales, no pueden ser cómplices de estos intereses ni hacerse eco de estos argumentos antisindicales.

De otra parte, el derecho de asociación sindical, en conjunto con los derechos de huelga y de negociación colectiva, derivan del libre derecho de asociación y de protesta y, por tanto, forman parte de las libertades democráticas que deben caracterizar a todo estado de Derecho. No es admisible que algunos medios de comunicación social y las autoridades correspondientes se den a la tarea de estigmatizar como “violentos” o “terroristas sindicales” al movimiento obrero que reclama reivindicaciones que les son propias (como exigir seguridad en la construcción) en ejercicio de estas libertades, justificando de esta manera una escalada represiva por parte de las fuerzas de seguridad del Estado.

Por lo tanto, exigimos al Estado cumplir su papel de garante de la vigencia de estas libertades para todos los ciudadanos sin distinción, así como del cumplimiento de la legislación y de las normas de seguridad laboral por parte del empresariado panameño y del extranjero que pretende invertir en Panamá. Asimismo, a las autoridades del Ministerio Público y del Órgano Judicial les exigimos que realicen, de una manera independiente e imparcial, las investigaciones criminales correspondientes y que sancionen a los responsables por la muerte de los trabajadores Osvaldo Lorenzo y Luigi Antonio Argüelles.

Alertamos a la ciudadanía a que nos mantengamos vigilantes para defender la vigencia de las libertades democráticas y los principios inherentes al estado de Derecho en nuestro país.

Julio Yao, Presidente
Servicio de Paz y Justicia en Panamá.