Cumbre Social por la Integración de los Pueblos
Cochabamba, Bolivia - 6 al 9 de diciembre de 2006

Invitación a sumarse al debate  sobre las alternativas por las que luchamos desde los movimientos y organizaciones sociales, en torno al Financiamiento para los Derechos y la Integración de los Pueblos

Presentación de la Cumbre Social

La Alianza Social Continental, junto con el Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos-Contra el ALCA y los TLCs, está organizando la CUMBRE SOCIAL POR LA INTEGRACIÓN DE LOS PUEBLOS, a realizarse de modo paralelo a la Cumbre de presidentes de la Comunidad Sudamericana de Naciones.  Será un momento importante en la continuidad del trabajo de nuestros movimientos y organizaciones sociales que venimos articulando acciones y otros que se sumen en la lucha de resistencia y construcción de alternativas al libre comercio, el neoliberalismo, la deuda, la militarizacíon y el empobrecimiento y la exclusión. 

La CUMBRE SOCIAL, a desarrollarse en Cochabamba, Bolivia, entre el 6 al 9 de diciembre de 2006, está siendo organizada a partir de una visión estratégica que combina 4 niveles:

1. Reafirmación de las luchas de resistencia desarrolladas en el continente contra el neoliberalismo en sus diversas formas de expresion.
2. Avance en el debate y la construcción por parte de las organizaciones y movimientos sociales de alternativas para las Américas, en general, y de intgración, en particular.
3. Desarrollo de estrategias de presión e incidencia sobre el proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones (CSN)
4. Fortalecimiento de la construcción y articulación de nuestro propio movimiento.

A diferencia de muchas experiencias recientes de distintas Cumbres y Foros Sociales, se busca imprimir a esta CUMBRE SOCIAL un claro perfil propositivo y de convergencias; es decir, el acento está puesto en el fortalecimiento de los ámbitos de debate y la construcción de consensos en torno a las alternativas en pro de las cuales seguiremos orientando prioritariamente nuestras luchas como así también, los reclamos y propuestas concretas que consideramos oportunas presentar a los gobiernos en el marco de la constitución de la CSN.

En ese sentido, se ha identificado una serie de ejes temáticos, incluyendo el de FINANCIAMIENTO, que reflejan las preocupaciones, luchas y alternativas que desde distintos movimientos y organizaciones sociales, venimos articulando en el marco de la campaña continental contra el ALCA, los TLCs, la Deuda, la Militarización y el Empobrecimiento, que servirán de orientación para la organización de nuestro intercambio y debate tanto durante la CUMBRE SOCIAL como en la etapa preparatoria. 

Más información general acerca de la CUMBRE SOCIAL, su organización y programa, la nómina completa de ejes temáticos, etc., está disponible en el sitio "www.integracionsolidaria.org" o bien, enviando un correo a la secretaría en Bolivia: "info@integracionsolidaria.org" o a la secretaría de la Alianza Social Continental: integracion@asc-hsa.net

Financiamiento para los Derechos y la Integración de los Pueblos

La cuestión del Financiamiento de la Integración es uno de los ejes claves que han identificado los gobiernos para el proceso de construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones.  Asimismo, evidentemente es uno de los ejes centrales que desde los movimientos venimos trabajando - aunque sea con objetivos, líneas y propuestas muy diferentes (de lo que están planteando los gobiernos hasta ahora). 

Desde Jubileo Sur/Américas, hemos asumido la responsabilidad y el desafío, de impulsar tanto antes como durante la CUMBRE SOCIAL, un proceso participativo de intercambio y profundización en torno al eje de FINANCIAMIENTO, que nos ayude entre todos y todas a avanzar en la identificación de elementos de unidad y de consenso así como también de prioridades para la articulación de nuestras acciones y el fortalecimiento en general de nuestra acción continental.

Como un "aporte inicial" a ese cometido, ponemos a consideración de tod@s el texto en adjunto, con la esperanza que pueda servir como punto de partida para este intercambio y debate.  No es más que un primer intento de recopilación y sistematización de las reflexiones y luchas que en los últimos años hemos compartido entre muchos en el continente.  Seguramente faltan elementos de gran importancia y/o propuestas más contundentes, tal vez sobren afirmaciones con las cuales no tod@s estén de acuerdo - justamente la invitación es para que entre tod@s los que tengan interés en sumarse, en los próximos días y durante la CUMBRE SOCIAL en Cochabamba, podamos ir afinando y mejorando un texto que nos represente (y si hace falta empezar de nuevo, tirando por completo al documento de "aporte inicial" - ¡no hay problema!) y que contribuya  al fortalecimiento de nuestra acción y articulación como movimientos y organizaciones así como nuestra incidencia en el proceso específico de la Comunidad Sudamericana de Naciones.  El texto de "aporte inicial" está redactado como un aporte a la acción de los gobiernos, pero a lo mejor consideramos más útil apuntar a otros destinatarios - ¡o ambos! 

Al final de esta comunicación, incluimos un listado de los distintos documentos que tomamos como antecedentes  para la preparación del texto de aporte inicial.  Con pocas excepciones, intentamos priorizar las declaraciones y conclusiones que fueron producidos en encuentros continentales y/o donde hubo participación de distintas redes y corrientes, y que a nuestro entender son las más representativas de las grandes áreas de consenso que existen alrededor de los temas tratados.  De entrada, pedimos disculpas por aquellos documentos que se nos escaparon - y desde ya, están tod@s convocad@s a sumar a la lista, todos los elementos que les parezcan útil compartir - sean ellos declaraciones colectivas o nacionales,  documentos más de investigación y análisis, música o plástica¡!

¿Qué hacer?

La propuesta entonces, e invitación, es que pongamos manos a la obra: confirmando quienes quieren participar en el proceso (aunque no vaya a estar en Cochabamba para la Cumbre), aportando reflexiones y sugerencias para ir profundizando y mejorando el texto inicial (o sustituyéndolo...), intercambiando elementos declarativos o de análisis e investigación que nos parezcan pertinentes, confirmando quiénes van a estar en Cochabamba y aportando sugerencias y compromisos con relación a la organización y mejor aprovechamiento del tiempo que tendremos allá.

Hemos habilitado una nueva lista específicamente para este propósito, e invitamos a tod@s a aprovecharla.  Una vez que se han incorporado, la propuesta sería que funcione la lista sin moderación, para que entre tod@s podamos conversar ágilmente.  La dirección de la lista es "financiamiento-integracion@wamani2.wamani.apc.org" .

Durante la Cumbre Social en Cochabamba, se entiende que tendremos un espacio propio para seguir profundizando este proceso, lo que tendrá lugar los días 6 y 7 de diciembre, con un turno por la mañana y otro por la tarde.  Además, tendremos una sesión final el día 8 de diciembre por la mañana - posibilitando que se incorporen al trabajo las reflexiones y conclusiones de las distintas actividades autogestionadas que se hayan organizado al respecto. Luego, en el curso de la Asamblea final de la CUMBRE SOCIAL, el día 8 por la tarde, tendremos la oportunidad de sumar nuestras conclusiones al trabajo realizado en los demás ejes.  Es posible que el día 7 por la tarde, tendremos también ocasión para realizar alguna reunión o debate con funcionarios de los distintos gobiernos que trabajan sobre las cuestiones de Financiamiento.

Sería especialmente importante saber quiénes van a estar en Cochabamba para la Cumbre Social, con ganas y disponibilidad para pensar junt@s la organización de ese tiempo y espacios.  Creo que también sería útil que pongamos en común las propuestas que tenemos para la realización de actividades autogestionadas relacionadas, para ver qué podamos tal vez "fusionar" e beneficio de tod@s.  Para empezar, desde Jubileo Sur/Américas, junto también con otras organizaciones y redes, estamos impulsando la realización de una Asamblea de Pueblos Acreedores de las Deudas Históricas, Sociales, Culturales y Ecológicas, así como también un espacio de debate sobre la presencia sudamericana hoy en Haití. Desde ya están invitados a comunicarse con nosotr@s quienes desean sumarse en la convocatoria y preparación de estas actividades.

¿Preguntas? ¿Dudas?

Esperamos sus noticias, empezando con la confirmación de su interés y disposición para participar en un proceso de puesta en común y fortalecimiento mutuo, según los distintos objetivos y luchas que impulsemos y con la plena convicción de que junt@s somos mucho más.

Por Jubileo Sur/Américas,

Beverly Keene

adj/ Texto base de "aporte inicial" sobre Financiamiento para los Derechos y la Integración de los Pueblos  (incorporado en el texto del mensaje luego de los antecedentes)

ANTECEDENTES -

-Declaración de la III Cumbre de los Pueblos de América (Mar del Plata), noviembre 2005  

• Conclusiones del Taller sobre CIADI en la III Cumbre
• Conclusiones del Foro Latinoamericano de la Economía Solidaria y el Comercio Justo, en la III Cumbre
• Conclusiones del Taller sobre Auditorías, en la III Cumbre
• Conclusiones de la Asamblea de los Pueblos Acreedores, en la III Cumbre

-Declaración de la Asamblea de Movimientos Sociales en el VI FSM, Caracas, enero 2006

-Declaración del V Encuentro Hemisférico de Movimientos Sociales, Redes y Organizaciones que Luchan contra el ALCA, La Habana, abril 2006, y relatoría del Taller sobre Deuda y Finanzas

-Declaración de la Cumbre de los Pueblos por la Soberanía y la Integración de los Pueblos de Sudamérica, Córdoba, julio 2006 y conclusiones del Taller sobre Deuda, IFIs y Finanzas

-Llamado a las Jornadas globales de acción contra las IFIs, setiembre 2006

-Pronunciamiento sobre las nuevas estrategias del FMI y el BM, Latindadd, septiembre 2006

-Declaración Final del Encuentro Sur-Norte de Resistencia y Alternativas frente a la Deuda y Declaración Final de la Asamblea Global de Jubileo Sur, La Habana, setiembre 2005

-Declaración de Nairobi sobre el Repudio de la Deuda, Nairobi, junio 2006

-Declaración del Encuentro "Enlazando Alternativas-2", Viena, mayo 2006

-Llamado de Jubileo Sur para la realizacón de Auditorías de las Deudas, setiembre 2005

-Alternativas para las Américas (ASC), edición noviembre 2005, capítulos sobre Inversión Extranjera (p. 80-85) y Finanzas Internacionales (p. 86-91).

-Declaración conjunta Brasil-Argentina "La Vida antes que el Fondo", diciembre 2005

-Declaración final del Seminario "Internalización capitalista o integración de los pueblos: ¿para dónde va América del Sur? Alternativas de integración regional", Sao Paulo, setiembre 2006

-Declaración del Primer Simposio sobre Deuda, Auditorías, y Alternativas de Ahorro y Finanzas para los pueblos de América latina y el Caribe, Caracas, setiembre 2006

-"Enfoque del Banco Munidal sobre gobernanza y sobre corrupción", aporte de Latindadd y Jubileo Perú, octubre 2006

-Encuentro Continental de Pueblos y Nacionalidades Indígenas del Abya Yala, Pronunciamiento de la comisión de Deuda Histórica, Social y Ecológica, La Paz, octubre 2006

-Declaración de Puerto Príncipe, Jubileo Sur/Américas, noviembre 2006

Cumbre Social por la Integración de los Pueblos
Cochabamba, Bolivia, del 6 al 9 de diciembre de 2006

Aporte inicial: 

Financiamiento para los Derechos y la Integración de los Pueblos

Los países de Sudamérica han experimentado en las últimas décadas la aplicación de un modelo hegemónico de financiamiento y desarrollo que ha dado como resultado, el empobrecimiento y la exclusión de vastos sectores de la población, la destrucción y enajenación del patrimonio social, productivo, cultural y ambiental de la región y el violento aumento de los niveles de desigualdad y discriminación social, económica y política. 

Central a la lógica y funcionamiento de ese modelo ha sido la implementación de un sistema masivo de endeudamiento público, a través del cual se instrumenta un drenaje directo de capitales en pago de intereses y servicios de la deuda y se facilita  la imposición de políticas de liberalización, privatización y mercantilización de la vida que tan nefastas consecuencias siguen trayendo para la región. La ilegitimidad de este sistema de exacción es reforzada aún más por las condiciones y términos específicos bajo los cuales los reclamos de deuda han sido acumulados, muchas veces mediante la violación de los requisitos y procedimientos democráticos y legales, mediante fraude, sobornos y engaños, o el manejo unilateral de contratos enormemente desventajosos y onerosos para los países del sur.

La resistencia de los pueblos a este prolongado saqueo está reflejada en las repetidas crisis que experimentan el modelo y sus instituciones gestores y en el reconocimiento cada vez más extendido de la necesidad de instrumentar nuevas medidas para resolver el flagelo permanente de la deuda pública.  Está presente  además en la oposición a la implementación de nuevos regímenes jurídicos como los Tratados de Libre Comercio y de Protección y Promoción de las Inversiones, las normas de la OMC o las Cartas de Intención y otros acuerdos con las Instituciones Financieras Internacionales (IFIs),  que  someten aspectos fundamentales de la soberanía económica a marcos supranacionales e impactan negativamente en la situación social y financiera de nuestros países.

El fortalecimiento y articulación de esta resistencia en los últimos años  ha dado lugar a la generación de nuevas condiciones y oportunidades políticas propicias para la concreción de respuestas estatales coordinadas entre sí y que tengan como horizonte la participación activa y organizada de los pueblos y la plena vigencia de los derechos humanos y ambientales.  En ese sentido, la construcción de la Comunidad Sudamericana de Naciones se constituye en una de esas oportunidades que puede y debe traducirse en transformaciones concretas de las relaciones injustas de poder que determinan los niveles de desfinanciamiento crónicos y medidas específicas frente a la demanda impostergable de  vida digna para  todas y todos en un marco de respeto hacia el patrimonio natural y cultural de los pueblos de la región.

Avanzar en la consolidación de estas nuevas posibilidades de financiamiento independiente,  solidario y acorde con las necesidades de los pueblos, implica tanto el desarrollo de normas y mecanismos innovadores para canalizar la riqueza generada en la región hacia las prioridades sociales y productivas de nuestras poblaciones, evitando la repetición de ciclos de auge financiero y posterior debacle, como también la adopción urgente de políticas específicas para lograr revertir el condicionamiento político y la salida neta de capitales, capacidades humanas y bienes naturales provocados por el sistema de endeudamiento y la intervención de las instituciones financieras internacionales, poner fin a la impunidad de la cual se benefician aquellos actores nacionales e internacionales responsables de esta situación de desfinanciamiento y avanzar en el resarcimiento de los crímenes cometidos.

Las medidas y propuestas que a continuación señalamos con el fin de encaminar un diálogo con los gobiernos de los países de la Comunidad Sudamericana de Naciones acerca de las alternativas posibles de financiamiento para el bienestar y la integración de los pueblos, reflejan los acuerdos forjados entre un amplio espectro de organizaciones y movimientos populares en todo el continente, a través de años de luchas compartidas, así como también el compromiso asumido de continuar impulsando su profundización e implementación.

1- Realizar una auditoría sudamericana de los reclamos de deuda contra el patrimonio público en la región y someter a la realización de auditorías externas a las Instituciones Financieras Internacionales, sus políticas y prácticas  crediticias.

Una auditoría es un examen y verificación de cuentas.  Puesto que la ilegitimidad, y en muchos casos la ilegalidad, de los reclamos de deuda cobrados a nuestros países son crecientemente reconocidas en diversos foros e instancias tanto nacionales como internacionales, la realización de auditorías de los mismos constituyen una poderosa herramienta para el fortalecimiento y articulación regional de procesos tendientes a poner fin a su servicio de pagos.

Al poner en descubierto las diferentes fuentes de ilegitimidad y de ilegalidad de la deuda, desde el punto de vista histórico, ético, político, jurídico, social y financiero, evidenciando a la vez la dinámica y los efectos de las relaciones políticas-económicas entre el Norte y el Sur y el papel jugado por las Instituciones Financieras Internacionales, las auditorías favorecerán el cambio en las relaciones de fuerza entre los países que han sido fraudulentemente endeudados y los operadores de esta estafa. 

El desarrollo de  auditorías de las deudas es además un instrumento idóneo mediante el cual el estado puede cumplir con su responsabilidad de rendir cuentas al pueblo, propiciando la plena vigencia del derecho de la ciudadanía  a estar informada, a participar en la determinación de las políticas públicas que nos afectan y a ejercer control sobre las acciones de nuestros gobiernos.  De esa manera permitiría la consolidación de una amplia base de respaldo a las diversas estrategias que puedan adoptar los gobiernos de la región para desmantelar esta fuente de desfinanciamiento y condicionamiento político y obtener el reconocimiento pleno de su derecho a no continuar pagando reclamos de deuda cuya contratación y términos no cumplen con los requisitos éticos, legales, políticos y económicos necesarios.

Estas auditorías deben incluir entre otros aspectos, una revisión histórica del problema de la deuda financiera y de su contexto político-económico nacional, regional y global; una rendición de cuentas sobre todas las deudas y un examen de las circunstancias y de los términos en las que fueron contraídas, de las condiciones impuestas, los objetivos esgrimidos para la concesión del préstamo y la forma en que fueron utilizados los fondos; la determinación del impacto socio-económico, político y ambiental de las deudas y su implicancia respecto a otras políticas económicas y de desarrollo; la revisión crítica de aquellas leyes y políticas referentes a los procesos de endeudamiento, el servicio de la deuda, sus garantías y responsabilidades; y la investigación de las políticas crediticias, las operaciones relacionadas de las Instituciones Financieras Internacionales, los gobiernos del Norte, los bancos comerciales, los mercados financieros y otros.

Las auditorías deben ser además integrales y multicriteriales, incorporando el uso de una amplia gama de indicadores que permitan investigar y demostrar las características y procesos de acumulación de los reclamos de deuda financiera así como también de las acreencias históricas, sociales, culturales y ecológicas de las cuales los pueblos de Sudamérica son titulares. Debe ser un mecanismo participativo con un carácter multisectorial e interdisciplinario, que comprometa junto a los estados, a todas las organizaciones y movimientos, sociales, políticos, religiosos, culturales, de mujeres y derechos humanos. A la vez, las auditorías deben ser canales de información y formación, que permitan a la sociedad en su conjunto visualizar y evaluar la incidencia del sistema de endeudamiento público en las políticas de desarrollo y en el presupuesto nacional.

Una decisión de la Comunidad Sudamericana de Naciones, en el sentido de impulsar de modo conjunto un proceso de auditoría de los reclamos de deuda a niveles nacional y regional, permitiendo el desarrollo de un matriz común y el entrecruzamiento permanente de datos y experiencias, sería una contribución invalorable a la lucha por poner fin al ciclo vicioso de desfinanciamiento que es mantenido por medio del sistema de endeudamiento - pago - condicionamientos - nuevo endeudamiento.  Sumaría una fuerza estratégica a iniciativas similares ya en curso o siendo impulsadas en diversos países de África y Asia, como así también en otras partes de América Latina y el Caribe, Europa y Norteamérica.

A principios de los años treinta, la realización de auditorías ayudó a fundamentar la exitosa estrategia de moratoria y no-pago de los reclamos de deuda, adoptada por 14 países de la región. Más recientemente, la decisión que anunció el gobierno de Noruega en octubre de este año,  de anular unilateral e incondicionalmente los reclamos de deuda surgidos de políticas crediticias reconocidas como irresponsables, luego de un exhaustivo proceso de investigación y difusión, es otra indicación clara de los resultados concretos que las auditorías pueden propiciar.  Una decisión además, de parte de los gobiernos de la Comunidad Sudamericana de Naciones, de demandar a las Instituciones Financieras Internacionales que se someten a auditorías externas de las deudas cuyo servicio reclaman, recogería rápidamente el apoyo de otros países amén del respaldo de un importante abanico de movimientos y organizaciones sociales, políticos, religiosos y de derechos humanos de todo la región y fortalecería significativamente los esfuerzos por generar alternativas de financiamiento independientes y justas.

2- Asumir el derecho y la obligación de los estados de la región a  reconocer y continuar sirviendo solo aquellos reclamos de deuda que pueden demostrarse legítimos o que pueden pagarse sin desmedro de los derechos de la población. 

La realización de auditorías de los reclamos de deuda obviamente no es un fin en sí mismo, sino que debe servir para respaldar el desarrollo de acciones tendientes a recuperar para los estados, la soberanía de sus políticas económicas y la posibilidad de redireccionar el flujo de las riquezas producidas.  Entre ellas debería incluirse la concertación de estrategias que conducen a la suspensión de pagos sobre los reclamos de deuda mientras no se hayan completado las auditorías respectivas y la transformación, derogación y/o anulación de aquellos acuerdos internacionales, leyes nacionales y contratos comerciales que conduzcan a la creación de deuda ilegítima o perpetúen el ciclo de endeudamiento, dependencia y desfinanciamiento. 

Al respecto, asiste a la Comunidad Sudamericana de Naciones y a todo los estados integrantes, un conjunto de normativas regionales e internacionales que los protegen contra el fraude y los abusos contractuales, que defienden el derecho de disponer de los bienes que son del patrimonio nacional y que obligan a los estados y a toda la comunidad internacional a asegurar prioritariamente los derechos humanos fundamentales como la educación, la salud, el empleo, salarios y jubilaciones dignos, acceso a la vivienda, la tierra y el agua.  Existen múltiples foros regionales e internacionales, entre ellos la Corte Internacional de Justicia y  la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ante los cuales acciones judiciales incluyendo la solicitud de una opinión consultiva sobre la legalidad de los reclamos de deuda y/o el impacto de los condicionamientos exigidos por las Instituciones Financieras Internacionales, podrían ser iniciadas en respaldo de la decisión de la Comunidad de proteger sus fuentes de riqueza y financiamiento genuino.

3- Poner fin a la impunidad con la cual actúa el poder financiero y sus mandatarios.

El desarrollo de acciones que se enfrenten a las políticas de quienes durante las últimas décadas han demostrado la falencia de sus modelos y el contrasentido de sus recetas, utilizando los medios de financiamiento para extorsionar y saquear a las naciones de Sudamérica y de todo el Sur, es un paso ineludible.  Es necesario lograr no sólo que cambien sus políticas, sino también que rinden cuentas reconociendo su culpabilidad y responsabilidad respecto a los reclamos de deudas ilegítimas, odiosas, ilegales e impagables que pretenden continuar cobrando,  sobre la base de las auditorías ya planteadas y empezando con la actuación de las Instituciones Financieras Internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo.  Pero es igualmente vital pasar a la sanción de esas responsabilidades y la implementación de mecanismos de restitución y reparación.   Hemos aprendido de las dolorosas experiencias vividas, que sobre la impunidad no es posible construir alternativas justas y duraderas.

Sin duda, la fuerza colectiva de la Comunidad Sudamericana de Naciones, actuando como bloque en esta área tan sensible al futuro de todos los pueblos, será la clave de su éxito.  La historia reciente también demuestra que aún dentro de los parámetros marcados y aceptados por el sistema de endeudamiento, es posible llevar adelante propuestas distintas.  Lo que no puede aceptarse es el reconocimiento de las violaciones y crímenes cometidos por el poder financiero y sus organismos mandatarios, sin la búsqueda de la sanción y la reparación correspondientes. 

4- Reconocerse como países acreedores para poder saldar la deuda histórica, social, cultural, ecológica y financiera con los pueblos de la región.

El saqueo y el genocidio que hoy se perpetua en el continente tiene como antecedente los 514 años de piratería en los que primero se llevaron, destruyeron y apropiaron de los sistemas indígenas de trabajo, culturas, lenguas, ciencias y sabidurías, filosofías, biodiversidad, gobernabilidad, territorios y poblaciones, para luego continuar  profundizando la explotación y la represión contra todos los sectores populares junto a la destrucción sistemática de la madre tierra. 

Las deudas financieras reclamadas a los pueblos y países de nuestra región, aún sí pudiera demostrarse su legitimidad,  son minúsculas comparadas con la enormidad de lo que ha sido llevado desde Sudamérica hacia intereses concentrados en el Norte y la configuración del sistema actual de endeudamiento y desfinanciamiento.  Más aún, la historia y las realidades actuales también muestran que los recursos financieros "prestados" al Sur, son en gran parte ganancias logradas a nuestras expensas.

Esas acreencias históricas, sociales, culturales, ecológicas y financieras siguen acumulándose hasta el presente, sumando diariamente las consecuencias no sólo de la desproporcionada utilización de los recursos y espacios ambientales por parte de una pequeña minoría de la población mundial y regional, sino también de la aplicación en nuestros países del modelo de mercantilización y explotación a lo cual tanto se han resistido los pueblos y que la Comunidad Sudamericana de Nacionales está llamada a revertir. 

A través de un proceso colectivo de auditorías de las deudas, que abarca de manera integral no sólo los reclamos de deuda financiera sino también de deuda histórica, social, cultural y ecológica, será posible desde la Comunidad Sudamericana de Naciones iniciar acciones concretas y específicas a favor de la restauración y resarcimiento de estos reclamos populares.  Reconocernos como los verdaderos acreedores, abre la posibilidad de establecer relaciones de cooperación y colaboración con otros países sobre bases distintas a las actuales, poniendo el acento en el cumplimiento de los derechos de los pueblos y acordando pautas y regulaciones nuevas para el financiamiento, las inversiones y la cooperación al desarrollo desde una perspectiva de justicia y no de extorsión.

5- Evitar la acumulación de nuevas deudas y otros compromisos de desfinanciamiento.

Entre ellas, correspondería en esta nueva etapa de construcción de una verdadera integración para y con los pueblos, asumir los numerosos procesos de resistencia a la continuidad y profundización de acumulación de deudas. En ese camino, por ejemplo, la defensa de la soberanía alimentaria y la biodiversidad, el acceso a la tierra y al agua como derechos humanos fundamentales contrastan con los megaproyectos extractivos, contaminantes y de infraestructura cuya supuesta contribución al bienestar y la sustentabilidad social, económica y ambiental de las comunidades afectadas está seriamente cuestionada.

Otra fuente de desfinanciamiento importante que debería ser revertido son los procesos de privatización, entre otros, de los servicios públicos, los bienes naturales y de la seguridad social, procesos que atentan contra los derechos básicos de la población y se contraponen con una verdadera política de soberanía económica, ya que en muchos casos responden a intereses extranjeros o imposiciones de las Instituciones Financieras Internacionales.

En ese sentido, se deberían poner en debate los distintos canjes de deuda externa por educación, naturaleza, vivienda, salud o medio ambiente que se están pautando y poniendo en marcha y que responden al ciclo de desfinanciamiento de nuestros países, además de legitimar una deuda de por sí ilegítima y ampliamente cuestionada desde diversos sectores políticos, jurídicos, sociales y de derechos humanos.

Al mismo tiempo deberían revertirse las prórrogas de jurisdicción en favor del CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativa a Inversiones), dependiente del Banco Mundial y generadora de una nueva e ilegítima deuda externa postulando la declaración de su nulidad, tanto por vía legislativa como judicial, y rechazar enfáticamente las demandas allí planteadas. 

Asimismo, denunciamos las facilidades y concesiones por parte de gobiernos hacia empresas transnacionales, responsables de la explotación, la destrucción y el saqueo de nuestros recursos naturales, que tienen además un impacto negativo en el desarrollo de la capacidad de financiamiento genuino. Debe ser interrumpido la prórroga automática de los tratados de inversiones extranjeras, verdaderos contratos de sometimiento colonial, como primer paso hacia la anulación completa de los Tratados Bilaterales de Protección y Promoción de las Inversiones que los estados nacionales han ratificado sin proporcionar garantías a la población de sus contribuciones reales al bienestar, la protección ambiental y la defensa de los derechos humanos fundamentales.

Si efectivamente con la constitución de la Comunidad Sudamericana de Naciones se va en camino hacia una verdadera integración en beneficio de los pueblos de la región, también deben ponerse a consideración y debate las deudas de carácter binacional.

6- Revisión del rol, estructura y funcionamiento de las IFIs.

El cuestionamiento efectuado al rol de las Instituciones Financieras Internacionales en estas últimas décadas, quienes han apoyado y reproducido un modelo de desfinanciamiento, expoliación y violación a los derechos humanos en favor de intereses minoritarios, debe traer aparejado un esfuerzo colectivo para su desmantelamiento o cuando menos, reestructuración.  Las características de la coyuntura actual y la determinación de la Comunidad Sudamericana de Naciones de aportar en este sentido posibilitarían importantes transformaciones con consecuencias profundas por el manejo financiero mundial y la disponibilidad de recursos para las prioridades acordadas en la región de manera democráctica y participativa.

Esto implica en primer lugar la revisión de los actuales procesos llamados de reformas internas, iniciados por el Fondo Monetario y el Banco Mundial, ya que ahí vemos con suma preocupación la tendencia a producir cambios para que todo continue en sus mismos parámetros.  La nueva actuación del Banco Mundial, por ejemplo, en torno a la gobernabilidad, sigue siendo de intervencionismo, pues financia colocando créditos a programas que buscan realizar reformas judiciales, actividades contra la corrupción, descentralización, gestión de finanzas públicas, manejo de la deuda, políticas tributarias e incluso reformas en la administración pública. Todo ello con un enfoque de clima favorable para las inversiones, sin medir los costos de las mismas y asumiendo los países de la Comunidad Sudamericana mayores niveles de endeudamiento con el correspondiente incremento del servicio de la deuda y ajuste presupuestario.

El enfoque del Banco sobre gobernabilidad no parte de la promoción de sociedades más inclusivas y democráticas, reduciendo el tema a la rendición de cuentas, estabilidad política, ausencia de violencia, efectividad gubernamental, calidad regulatoria donde se evitan políticas hostiles contra las inversiones, estado de derecho y control de corrupción.

El intervencionismo del Banco es tal, que incluso ha creado un Comité de Sanciones para casos de corrupción cuando lo correcto es que esta función sea asumida por el canal jurisdiccional competente ya sea en sede nacional como en sede internacional, como la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional.  El Banco actúa como juez y parte siendo un actor más de la arquitectura financiera internacional que es pasible de estar involucrado en actos de corrupción.

El enfoque del Banco relaciona las causas de la corrupción con el accionar de los Estados del Sur y asume que esto distorsiona el mercado y no ayuda a superar la pobreza. En este tópico los programas que el BM financia en asesoramiento anticorrupción, incluyen trabajo en medios de comunicación y promoción de responsabilidad social, es decir el Banco financiaría ideología nuevamente.

La corrupción es para nosotros causa y efecto de procesos distintos. Es causa de exclusión que genera pobreza y a la vez es efecto de la débil institucionalidad regional y mundial. Por ello una estrategia coherente sobre corrupción debe apoyarse en dos ejes centrales: equidad y democratización, alejada del intervencionismo de quienes siguen operando como mandatarios de los grandes capitales.

En este sentido, la iniciativa de la Comunidad Sudamericana de Naciones debe estar dirigida a promover un acuerdo regional e internacional contra la impunidad que contenga aspectos como imprescriptibilidad de delitos de corrupción, auditorias de los procesos financieros y la generación de instituciones mundiales democráticas y responsables ante los derechos de los pueblos.

Por otro lado, consideramos que el Banco no es el actor más idóneo para encabezar acciones anticorrupción y mucho menos en el campo de la gobernabilidad.

Este rol debe ser asumido por instituciones como el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, puesto que la gobernabilidad de los países del sur depende mucho más de los pactos inclusivos entre trabajo y capital que garanticen el goce efectivo de derechos económicos, sociales, civiles, políticos y culturales.

7- Fortalecer las alternativas que se van construyendo desde los pueblos y sus organizaciones e impulsar nuevos mecanismos de financiamiento propios, superando las asimetrías existentes y favoreciendo la consolidación de relaciones de equidad.

En este diálogo que iniciamos con los gobiernos de los países parte de la Comunidad Sudamericana de Naciones, vemos la necesidad de impulsarlos a:

*Reconocer y apoyar las contribuciones de las comunidades, organizaciones y movimientos de toda la región que se articulan e impulsan el crecimiento del movimiento de economía solidaria, incluyendo las múltiples experiencias de comercio justo junto al estímulo del consumo ético y en donde  participan con equidad los productores, entre los cuales ocupan un lugar privilegiado los campesinos, indígenas, mujeres, discapacitados, encarcelados y todos aquellos sectores que padecen algún tipo de exclusión.  En ese sentido habría que destacarse las experiencias del movimiento cooperativista y de las empresas recuperadas y autogestionadas por los y las trabajadores, verdaderas semillas de esperanza que estimulan la inclusión y la equidad como principios motores de la actividad económica. Asegurar el financiamiento necesario para reforzar y multiplicar estas experiencias, junto con otras medidas tendientes a respaldar su actividad y potencial, debería ser un eje prioritario de los presupuestos nacionales así como de la aplicación de nuevos mecanismos y recursos solidarios generados desde la Comunidad Sudamericana de Naciones.

*Establecer pautas y normas tributarias y comerciales que rescinden las concesiones tradicionalmente acordadas a las grandes empresas y concentradores de capitales e inauguran modalidades de financiamiento de los estados integrantes de la Comunidad Sudamericana de Naciones equitativas y acordes con los derechos de los pueblos. 

*Implementar nuevas modalidades de financiamiento solidario entre los países de la región. Vemos en este sentido como un paso importante, el impulso de un debate amplio y participativo sobre la creación de un Banco Solidario del Sur, entendiendo que sus objetivos deben ser en particular, romper la dependencia de los países periféricos al mercado financiero internacional, canalizar la propia capacidad de ahorro, detener la fuga de capitales y apoyar la asignación de recursos a las prioridades de un desarrollo económico y social independiente,  cambiando las prioridades de inversión. 

El Banco Solidario del Sur debe ser un banco alternativo no sólo a la banca privada, sino también  a las entidades multilaterales existentes como el FMI, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Andina de Fomento.  La diferenciación no debe ser meramente enunciativa sino normativa y operativa en:  a) las fuentes de capitalización y los mecanismos para captación de ahorros, b) la integración y conducción cooperativa e igualitaria  de sus países-miembros, c) las prioridades y condiciones para el otorgamiento de créditos y garantías y  d)  la gestión transparente y el control democrático y social de gestión.

Al respecto, es necesario subrayar la importancia de un amplio debate público que contribuye a la definición y el respaldo de estos nuevos mecanismos de financiamiento propios.  No puede permitirse que en la nueva fase que se inaugura en Sudamérica, se establezcan nuevas formas de dominación y nuevos ciclos de endeudamiento, incluso Sur-Sur, o que simplemente lleguen a repetir un patrón de desarrollo, basado en la explotación de los recursos naturales y humanos en beneficio de regiones y sectores minoritarios.  Por eso, no compartimos el papel que cumple, justamente en ese sentido, el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) en distintos países de América Latina, a través de sus préstamos, que supuestamente en pos de una integración está siendo de la exportación del capitalismo nacional su objetivo, financiando la contratación de servicios y productos brasileños a costa de endeudamiento financiero y ecológico de otros países de América Latina.

También alertamos especialmente ante el peligro de que nuevos mecanismos de financiamiento solidario entre los países de la Comunidad, sean aprovechados para mantener viejas relaciones de dominación y control como, por ejemplo, la creación y venta de bonos y otros mecanismos de nueva deuda, entre países de la región, para sostener el cumplimiento de viejos reclamos de deuda claramente reconocidos como ilegítimos e ilegales.

*Superar las asimetrías existentes, desarrollando nuevos tratos de equidad y justicia entre los países de la región.  Es especialmente importante que en la construcción de un nuevo escenario de integración sudamericana, se priorice la implementación de estrategias y mecanismos de financiamiento que lejos de reproducir las asimetrías existentes, contribuyen a su superación. 

Durante la década de los 70, los gobiernos militares de Brasil y Argentina diseñaron una estrategia hidroeléctrica en la región, que incluyó la construcción de grandes represas como Itaipú y Yacyretá. Paraguay fue parte de estos proyectos, pero el pueblo paraguayo vió restringido el uso de su energía. Mediante los tratados firmados, Paraguay no puede disponer de la electricidad que le pertenece, limitando así su soberanía.

Sin embargo, sigue pagando por la construcción de Itaipú y Yacyretá, una deuda de unos 14.000 millones de dólares reclamada por Electrobras y el Tesoro argentino, a pesar que fueron préstamos usurarios que alentaron fructíferos negocios financieros, sospechados de corrupción. Así Paraguay ve fuertemente atado su desarrollo a deudas de carácter binacional y regional, producto de la reproducción hacia el interior de la nueva Comunidad Sudamericana de Naciones, de esquemas de explotación y control que deberían verse corregidos y reparados para permitir una convivencia social y económica enriquecedora para todos y todas.

*Encaminarnos hacia una verdadera integración desde y para los pueblos de la región, respetando la diversidad y autodeterminación y estrechando los lazos de solidaridad y ayuda mutua en pos de construir sobre cimientos de justicia la Comunidad Sudamericana de Naciones. Estos procesos de integración deben ir acompañados de políticas que fortalezcan la soberanía política y económica de nuestros países y rompan definitivamente con la lógica neoliberal de mercantilización de la vida, los derechos y las necesidades de los pueblos. Los diferentes movimientos y organizaciones sociales que participamos en esta Cumbre Social por la Integración de los  Pueblos, trabajamos para ver concretizada en los hechos esa otro Sudamérica con la que soñamos.

Buenos Aires, 14/11/06

Comentarios y sugerencias:
Jubileo Sur/Américas - jubileosur@wamani.apc.org

Para sumarse a los preparativos para el eje tematico "Financiamiento" de la Cumbre Social por la Integración de los Pueblos, enviar un mensaje a la lista "financiamiento-integracion@wamani2.wamani.apc.org"