El todopoderoso comercio

Juan Jované
El Panamá América, 2 de junio de 2009

Luego de una discusión abreviada, calificada en su momento como una acción realizada a tambor batiente, el 11 de julio de 2008 la Asamblea Nacional aprobó, con una votación de 58 votos a favor, tres en contra y una abstención, el tratado de libre comercio (TPC) con los Estados Unidos de América. La excusa esgrimida entonces, para evitar un debate nacional más amplio y profundo, fue que el tema ya había sido suficientemente discutido durante varios años, por lo que se argumentaba que existía mucha claridad en el documento aprobado, así como en los supuestos consensos que el mismo contenía.

Esa tesis aparece ahora totalmente invertida en las reflexiones de muchos de quienes la utilizaron hace menos de un año. Hoy no resulta difícil encontrar diputados, tanto del oficialismo como de la oposición, dispuestos a discutir y darle su aprobación al conjunto de adecuaciones que, según la información existente, se deberían introducir para asegurar que el TPC sea aprobado por el poder legislativo norteamericano. Más preocupante resulta el hecho de que todo esto, de acuerdo a los medios informativos, se podría dar en el marco de un acuerdo impulsado desde el exterior entre el Ejecutivo saliente y el entrante, sin que se sepa siquiera cuál es el quid pro quo de esta insólita transacción política. A nuestro juicio, volver sobre el tema de un tratado que jamás se debió aprobar resulta inconveniente por un conjunto de razones.

La primera de esas razones se refiere al hecho de que el TPC contiene toda una serie de elementos lesivos a los intereses panameños. Es así, por ejemplo, que este tratado, que fue mercadeado bajo la supuesta tesis del gradualismo, pone en peligro toda la seguridad y soberanía alimentaria del país, estableciendo la obligación de renegociar todos los plazos referentes al sector agropecuario. Es así que de acuerdo al TPC: “a solicitud de cualquier Parte, las Partes realizarán consultas para examinar la posibilidad de acelerar la eliminación de los aranceles aduaneros establecidos en sus Listas…”. Se trata de un dispositivo especialmente peligroso en las condiciones de crisis internacional en que vivimos.

La segunda razón guarda relación con el contenido de las adecuaciones propuestas. En cuanto a las que se refieren al ámbito laboral los trabajadores han sido muy claros: en este momento una discusión en torno al Código de Trabajo abre la posibilidad de dar paso a temas que llevarían a la eliminación de algunas de las pocas conquistas laborales que aun quedan. La adecuación que se destina al intercambio obligatorio de información fiscal llevaría, como hemos señalado en otra parte, a un proceso de salidas de capitales, absolutamente inconveniente en la actual coyuntura. No menos significativa es la denuncia de los estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá relacionada con una tendencia guiada a la desnacionalización del ejercicio de la profesión del derecho.

La tercera y más importante razón está vinculada con la imagen de la nación. En la medida en que la misma Asamblea que aprobó el tratado bajo una forma lo modifique, nos pondrá a los ojos del mundo como un país débil, solícito, sin voluntad y sin historia.

Urge, entonces, la creación de un movimiento popular, independiente y nacional, capaz de desarrollar un proyecto nacional y de justicia social.