Regreso a la caverna

Sergio Ramírez M.

El golpe militar consumado contra el presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, ha representado para América Latina el regreso a la era de las cavernas, cuando era signo común que los ejércitos actuaran como árbitros finales del poder político. Los regímenes surgidos de los golpes militares fueron un mal propio de Centroamérica por décadas, lo que ganó a estos países el triste título de repúblicas bananeras, denominador común que se extendió hacia todos aquellos otros donde hubiera un ejército dispuesto a ejercer sus prerrogativas de gorilato.

Las imágenes de las calles de Tegucigalpa que vimos en la televisión, con los tanques de guerra y los carros blindados en agresivo despliegue, y las patrullas de soldados en atuendo de combate, volvieron a poner el reloj en la hora más negra de un pasado que parecía sepultado para siempre. Y un presidente levantado a la fuerza de su cama en la madrugada por un pelotón de militares encapuchados que invade su casa, subido en pijama a un avión, y llevado a otro país, son también imágenes de una vieja película que creíamos no volveríamos a ver jamás. Pero están allí, ante nuestros ojos, y corresponden a las realidades del siglo veintiuno.

Las justificaciones legales de toda la trama son torpes. He oído al diputado Roberto Micheletti, nombrado presidente de la república por el Congreso Nacional después del golpe para suceder a Zelaya, que la acción se debió a la orden de un juez, impartida a los mandos militares. Imaginen el tamaño de la artimaña. Un juez que da un mandamiento a quien no debe, porque el ejército no tiene funciones de policía más que bajo un régimen ocupación, y menos puede ordenar a los militares que saquen de su cama a un presidente debidamente electo, que goza de inmunidad, y que lo extrañen del país, desde luego que el destierro no existe ni como medida preventiva, ni como pena, bajo la ley. Sólo usar esta coartada es ya una vergüenza.

La magnitud de la agresión que ha sufrido el orden democrático en Honduras, deja atrás cualquier debate acerca de la precaria situación en que el presidente Zelaya se había puesto en los días anteriores al golpe militar. Parado en el filo de la navaja, no supo hacer una lectura sensata del balance político de fuerzas, cuando todo se acumulaba en su contra. Horas antes de ser sacado violentamente de su casa y del país, había perdido el respaldo de la Asamblea Nacional, que luego votó de manera unánime su sustitución; de su propio partido, el Partido Liberal, cuyos diputados votaron todos por la sustitución, junto con los de los otros partidos; de la Corte Suprema de Justicia, del Consejo Electoral, y de la Fiscalía; de buen número de los medios de comunicación con los que había entrado en una áspera pugna, de las cúpulas de empresarios, y de la jerarquía de la Iglesia Católica. Se hallaba solo, y no parecía reparar en ello.

El presidente Zelaya se olvidó, Dios sabe por qué, del terreno que estaba pisando, al insistir en llevar adelante una consulta popular, organizada por él mismo, y que debió realizarse el propio domingo de su derrocamiento, cuando los otros poderes del estado se lo habían prohibido bajo argumentos de inconstitucionalidad. Conforme esta consulta, pretendía obtener respaldo para hacer que en las elecciones generales de noviembre próximo se instalara una cuarta urna en la que los ciudadanos debían votar si quería un cambio de Constitución Política, algo que el Consejo Electoral le había ya negado, con el respaldo de la Corte Suprema de Justicia.

Siguió  actuando con atolondramiento cuando ordenó al Ejército desembarcar el material electoral de la consulta, llegado desde Venezuela, y repartirlo en los centros de votación; y cuando el jefe del ejército se negó, hizo destituirlo, para que de inmediato sus adversarios en los otros poderes del estado respaldaran al destituido, previa renuncia de todo el estado mayor en solidaridad con su jefe. Para provocar una crisis de este tamaño, el presidente debió sentir que tenía alguna clase de respaldo sustancial. ¿Pero dónde estaba ese respaldo? ¿En qué instituciones? ¿En qué organizaciones populares, en qué sindicatos, en qué partidos políticos, en qué corporaciones? ¿Contaba acaso con la mayoría de la opinión pública?

Siento que el presidente Zelaya se vio en otro país que no era Honduras, y subestimó el poder de los estamentos conservadores, que miraron con antipatía y desconfianza su alineamiento con la izquierda populista que representan Chávez y Ortega, y su amistad con Fidel Castro, una legítima escogencia personal suya, de todas maneras. Es, al menos, uno de los argumentos que de manera solapada utiliza Micheletti para justificar el golpe: ha dicho que Zelaya, su correligionario liberal, cambió de ideología en el camino, y "se volvió de izquierda", lo que al fin y al cabo le cobraron con el golpe militar.

Los errores de apreciación política del presidente Zelaya, que no advirtió  el terreno que estaba pisando, y sus enfrentamientos con el orden legal para promover un cambio constitucional que le permitiera la reelección, como es ahora el impulso de los líderes en el gobierno en no pocos países de América Latina, se vuelven anecdóticos. Fue depuesto de manera ilegal y brutal, y eso es lo que cuenta.

La prueba de fuego es ahora para la Organización de Estados Americanos (OEA), que debe demostrar si es capaz de hacer valer su Carta Democrática. No puede haber trasgresores del orden constitucional, ni los golpes militares pueden quedar en la impunidad.

Sergio Ramírez es escritor y ex vicepresidente de Nicaragua. Más información en www.sergioramirez.com

www.elpais.com/ - 2009-06-30

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Honduras: Estado de Sitio para frenar resistencia popular

Minga Informativa de Movimientos Sociales

El día de hoy, 1 de julio, acatando un llamado del Frente de Resistencia Popular de Honduras, más de 25,000 mil personas se movilizaron a la sede de la Organización de los Estados Americanos, para entregar un pronunciamiento de respaldo a la decisión de este organismo que da 72 horas a los golpistas para el reestablecimiento del orden constitucional y la restitución del presidente Manuel Zelaya. Como también, para denunciar los atropellos que están cometiendo la Fiscalía de Derechos Humanos y otros organismos oficiales. Movilizaciones similares se desarrollaron en otras ciudades del país.

Con el propósito de quebrar la resistencia popular contra el golpismo, el Congreso Nacional decretó el Estado de Excepción en todo el país, a partir de las 22:00 horas hasta las 05:00 a.m. Esta medida, que equivale a Estado de Sitio, dispone la suspensión de las garantías ciudadanas contempladas en los artículos 69, 71, 72, 78, 79, 81, 84, 99 de la Constitución (ver abajo), para justificar las violaciones que se vienen cometiendo en contra de los derechos humanos. Se oficializa así la indefensión, dejando la vía abierta a cualquier atropello contra los dirigentes populares, como puede ser la irrupción en domicilios y la captura de cualquier persona sin ninguna orden judicial, entre otras cosas.

En el marco de la marcha hacia la OEA, las organizaciones populares ratificaron la decisión de mantenerse en movilización permanente hasta la restitución del presidente Manuel Zelaya. El día de mañana la convocatoria es en el Obelisco para luego dirigirse al Congreso Nacional.

Los artículos de la Constitución que se encuentran suspendidos son:

Artículo No.69. La libertad personal es inviolable y solo con arreglo a las leyes podrá ser restringida o suspendida temporalmente

Artículo No.71. Ninguna persona puede ser detenida ni incomunicada por más de 24 horas sin ser puesta a la orden de autoridad competente para su juzgamiento. La detención judicial para inquirir no podrá exceder de 6 días contados desde el momento en que se produzca la misma.

Artículo No.72. Es libre la emisión de pensamiento por cualquier medio de difusión sin previa censura. Son responsables ante la ley los que abusen de este derecho y aquellos que por medios directos o indirectos restrinjan o impidan la comunicación y circulación de ideas y opiniones.

Artículo No.78. Se garantizan libertades de reunión y de asociación siempre que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres.

Artículo No.79. Toda persona tienen derecho de reunirse con otras pacíficamente y sin armas, en manifestación pública o en asamblea transitoria, en relación con sus intereses comunes de cualquier índole, sin necesidad de aviso o permiso especial. Las reuniones al aire libre y de carácter político podrán ser sujetas a un régimen de permiso especial con el único fin de garantizar el orden público.

Artículo No.81. Toda persona tiene derecho a circular libremente, salir, entrar y permanecer en el territorio nacional. Nadie puede ser obligado a mudar de domicilio o residencia sino en los casos especiales y con los requisitos que la ley señala.

Artículo No.84. Nadie podrá ser arrestado o detenido sino en virtud de mandato escrito de autoridad competente, expedido con las formalidades legales y por motivo previamente establecido en la ley.

Artículo No.99. El domicilio es inviolable, ningún ingreso o registro podrá verificarse sin consentimiento de la persona que lo habita o resolución de autoridad competente. No obstante, puede ser allanado en caso de urgencia, para impedir la comisión o impunidad de delitos o evitar daños graves a la persona o a la propiedad.

http://movimientos.org/ - 2009-07-01