Violación a los derechos humanos y constitucionales de indígenas ante proyecto hidroeléctrico de AES Changuinola en Bocas del Toro, Panamá

DENUNCIA PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
Panamá, 11 de enero de 2007

Licenciada
Ana Matilde Gómez
Procuradora General de la Nación

Estimada Señora Procuradora:

Con el derecho que me asiste la constitución y las leyes panameñas recurro a usted con tal de ponerla en conocimiento de la violación a los derechos humanos de los pueblos indígenas que habitan el Bosque Protector de Palo Seco, cuenca media del Río Changuinola, Provincia de Bocas del Toro, República de Panamá.

Le insto a indagar y profundizar lo que no puedo hacer al detalle en una misiva como esta.  Insto a que la Procuradoría General de la Nación a investigar por qué en Bocas del Toro, en el área mencionada se está permitiendo la violación a los derechos humanos de los indígenas Ngobes y el asalto a un área protegida que ninguna ley autoriza a ser explotada in situ de esta manera.  Lo que se está cometiendo allí es crimen ecológico y arqueológico y una clara violación a los derechos humanos.

La información previa de los hechos acaecidos en el área antes del 9 de enero de 2008 debe ser recopilada cuanto antes por la Procuraduría , ya que el daño que le están haciendo a estas personas y la naturaleza van tan rápida y son tan complejas que no es fácil orientarle con este breve escrito y se necesita de las fuentes primarias. Le instamos a mandar personal que no sea del área para que haga de la manera más científica el levantamiento de la información de lo que ha sucedido.

Desde el día 9 de enero de 2008 unas 25 unidades policiales han ingresado junto con la compañía constructora CCW, contratista de AES Changuinola, a Charco La Pava y Valle del Rey en el Río Changuinola, área protegida del Bosque Protector de Palo y área con asentamientos indígenas previos a que estas áreas fueran declaradas áreas protegidas y concesionadas para desarrollos hidroeléctricos.

Hoy 11 de enero de 2008, ha ingresado otro grupo de policías armados a la zona y no sabemos con certeza qué está sucediendo en esas comunidades.  Lo que nos hace temer la integridad física y la vida de los indígenas y lugareños que están siendo desplazados a la fuerza por la empresa AES Changuinola, quien en complicidad con la Autoridad Nacional del Ambiente, la Gobernación de Bocas del Toro, la Alcaldía de Changuinola y el Corregidor de Vallé Riscó ha engañado de manera inaudita a estos humildes ciudadanos de mil formas distintas, aprovechándose de su circunstancia de poco dominio del idioma español y de manejo de documentación.

Militarizar un área para lograr ejecutar a la fuerza un proyecto de construcción en áreas indígenas y áreas protegidas indica que el Estado de Derecho se ha perdido e impera el estado de facto.  La empresa no ha
cumplido cabalmente ninguno de los requisitos que le permitieran ingresar al área.  Si está encontrando resistencia es justo porque no ha logrado hacer ningún acuerdo serio y auditable que le garantize derechos y mejor estado de vida de las personas que tendrían que ser desplazadas.  Los abusos a la ley administrativa y la ley penal por parte de esta empresa han sido muchos, dos de las cuales reposan en dos fiscalías de la institución que usted dirige.

Someter a la fuerza a indígenas y tomarse sus tierras sin su autorización o consentimiento libre e informado con fuerzas policías armadas y maquinarias de equipo pesado es una violación flagrante a los
derechos humanos de estos ciudadanos.

Ante esta situación, responsabilizamos de la integridad física y la vida y de la violación de los derechos humanos de los indígenas Ngobes del valle medio del Río Changuinola, específicamente las comunidades de Changuinola Arriba, Valle del Rey, Lazo, Charco La Pava , Nance de Riscó y otras comunidades adicionales aguas arriba y aguas debajo del ilegal proyecto hidroeléctrico Chan 75 a las siguientes personas y autoridades por comisión y por omisión:

Ricardo Vargas, Defensor del Pueblo.  Sus acciones han sido nulas y tenues y no ha impedido que el Estado Panameño le viole los derechos humanos y constitucionales a los indígenas del área del Río Changuinola.  Esta entidad ha sido reiteradamente retroalimentada de todos los abusos y a nivel de la sede central han sido ignorados y en este momento, la integridad física de muchas personas están en riesgo por la escalada de inconformidad y confrontación que se tiene el área y puede desencadenar hechos peligrosos.

Ligia Castro, Administradora General del Ambiente, por dar concesiones ilegales en áreas protegidas que destruye la biodiversidad del área y desconoce los derechos territoriales indígenas de la zona.  No ha detenido la obra a pesar que la Empresa AES Changuinola ha violado desde el principio de manera reiterada todas las disposiciones legales que le han impuesto.

Esther Mena de Chiú, Gobernadora de Bocas del Toro. Por ponerse como autoridad al servicio de una empresa privada (AES Changuinola) para permitir que la fuerza policial del Estado a su cargo disuada, encarcele y persiga a los humildes ciudadanos Ngobes residentes en el área, que defienden sus tierras de dicha empresa. En la Fiscalia de Changuinola reposan copias de las denuncias de los apresados de manera ilegal, a los cuales se le abusaron sus derechos y garantías. Las fuerzas policiales del Estado utilizaron camiones, insumos y helicópteros de la Empresa AES Changuinola para facilitar el apresamiento de los ciudadanos Ngbes que defienden sus tierras.

Virginia Ábrego Salinas, Alcaldesa de Changuinola, por poner las fuerzas del orden público del Estado a nivel de distrito de Changuinola para perseguir, disuadir y encarcelar a los humildes ciudadanos Ngobes residentes en el área, que defienden sus tierras. 

En la Fiscalia de Changuinola reposan copias de las denuncias de los apresados de manera ilegal, a los cuales se le abusaron sus derechos y garantías. Las fuerzas policiales del Estado utilizaron camiones, insumos y helicópteros de la Empresa AES Changuinola para facilitar el apresamiento de los ciudadanos Ngbes que defienden sus tierras.

Nelson Ábrego, Corregidor de Valle Riscó por ser cómplice del uso ilegal de la fuerza policial del Estado panameño.  El permitió in situ el uso excesivo de la fuerza o el abuso de autoridad en las aprehensiones realizadas la primera semana del año 2008 en Charco La Pava y Valle del Rey. Las personas fueron agredidas por la policía de manera violenta, golperon y esposaron a mujeres con niños en brazos. Permitió además que las fuerzas policiales aprehendieran y golpearan a varios niños.  Dos niños los dejaron abandonados en el sector de Almirante y resto de los adultos y niños aprehendidos fueron trasladados a Cuartel de Changuinola. Permitió que policias civiles ingresaran previo y después de los actos a las comunidades buscando casa por casa a supuestos dirigentes, en un acto típico de intimidación, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.

José Manuel Ríos, SubComisionado de la Policía Nacional de Changuinola, por permitió in situ el uso  excesivo de la fuerza o el abuso de autoridad en las aprehensiones realizadas la primera semana del año 2008 en Charco La Pava y Valle del Rey. Las personas fueron agredidas por la policía de manera violenta, golperon y esposaron a mujeres con niños en brazos.  Permitió además que las fuerzas policiales aprehendieran y golpearan a varios niños.  Dos niños los dejaron abandonados en el sector de Almirante y resto de los adultos y niños aprehendidos fueron trasladados a Cuartel de Changuinola. Permitió que policias civiles ingresaran previo y después de los actos a las comunidades buscando casa por casa a supuestos dirigentes, en un acto típico de intimidación, abuso de autoridad y extralimitación de funciones.  Estando los aprehendidos en el cuartel, no les dio alimentos, ni comida y los intimidaba, además permitió que fuerza policiales se burlaran de los indígenas aprehendidos.  Igualmente permitió que en las aprehensiones en campo, los empleados de AES Changuinola y sus contratistas coordinaran acciones de aprehensión y se burlaran de los aprehendidos.

Acusamos a los señores Benavides Morales, Martín Samudio y Rodolfo Ayarza de la empresa contratista de AES Changuinola (CCW) de estar instigando a la violencia, ya que se han enfrentado verbalmente a los indígenas e incluso los han amenazado de no descansar hasta ver a todos los dirigentes encarcelados, ya que según ellos, los indígenas le están entorpeciendo su trabajo.  La policía no ha actuado en contra de estos señores y los ha protegido.

Si me he tomado la molestia de hacer esta denuncia, es porque, nos sentimos intermediarios entre los Ngobes que se les dificulta mucho hacer este tipo de denuncias, por ser vulnerables justamente y porque conocemos como organización no gubernamental, previo a la llegada de este proyecto hidroeléctrico al área el Bosque Brotector de Palo Seco, que es parte integral de la Reserva de la Biosfera la Amistad y hemos visto cómo un proyecto de este tipo puede destruir una serie de comunidades y áreas prístinas que son patrimonio nacional y patrimonio de la humanidad y pareciera que eso a nadie le importa en Panamá!

Muchas gracias por atender esta misiva y denuncia.
Juntos hacemos patria.
Atentamente,

Ariel Rodríguez Vargas
Céd. 4-237-244
Secretario de Asuntos Ambientales
Alianza para la Conservación y el Desarrollo
República de Panamá
Telefax: 223-9170
Correo:  acdpanama@gmail.com

Julio Yao < julioyao@gmail.com > escribió:  Estimados amigos, Con referencia a lo dicho por el profesor Rodriguez, hay que preparase para lo siguiente:  la tendencia en toda Latinoamérica es militarizar (de ser necesario hasta ocupar), las zonas o regiones de los proyectos mineros e hidroelectricos (dependiendo de su importancia para las oligarquías acionales/transnacionales), porque EE.UU. considera que son claves para la Seguridad Nacional.  Según su razonamiento estratégico, todo lo que atente contra la política neoliberal, atenta contra la "democracia" (es decir, el mercado), y todo lo que atente contra el "mercado" constituye una amenaza a la seguridad nacional.  Por la creciente valorización del oro (casi en 1,000 dólares la onza), que tiene más respaldo que el dólar US, la minería aurífera es cada vez más parte integrante del mercado.  Ese razonamiento estùpiido, pero coherente para ellos, coloca a los opositores a los proyectos mineros e hidroeléctricos (guerra por el agua) en la categoría de "terroristas".  En una conferencia del Comando Sur organizada por la Florida State University, un oficial de Sudamèrica propuso que las ong's y los ambientalistas fuesen considerados como "terroristas" y amenaza a la democracia.  Yo estuve presente en representación de la Universidad de Panamá.  El gobierno de Martín Torrijos está comprometido hasta los huesos con esa política.  Martín hizo un viaje secreto (no lo reveló) el año pasado para conversar con el actual  Secretario de la Defensa de EE.UU., Robert Gates, exdirector de la CIA., que fue denunciado por Betty Brannan Jaén en La Prensa.  ¿Cuál fue el propósito del encuentro, hace dos días, entre el Ministro de Gobierno, excoronel Daniel Delgado Diamante, con   la Conferencia Episcopal Panameña, si no es el de dejar los parámetros de seguridad bien claros, incluida en mi opinión Petaquilla, para solicitar la cooperación de la Iglesia ?  Esta cooperación solicitada fue confirmada en la edición de ayer deLa Prensa.   Por supuesto, se informó que el tema era la seguridad, que no es solamente "ciudadana".  A mí me informaron otra cosa.  De este modo, el gobierno de Martín Torrijos refuerza la expulsión de los misioneros claretianos decretada por el Obispo de Colón, Audilio Aguilar, antiguo simpatizante de la Mina Santa Rosa en Veraguas y quien, estoy convencido, fue designado en Colón para neutralizar la resistencia de las comunidades a la mina de Petaquilla como ya antes intentaron hacerlo por su resistencia  a los embalses (Coordinadora Campesina contra los Embalses) propuestos por la Autoridad del Canal de Panamá.   El Obispo Aguilar culpó personalmente a los claretianos de estar "azuzando" a las comunidades contra la mina, cosa totalmente falsa.  Los señaló delante de los campesinos e indígenas que se habían reunido para protestar el 31 de julio de 2007, aniversario de la muerte del General Torrijos, a raíz de la visita ese día del presidente Martín Torrijos, quien actúa también como si fuera accionista de la minera.  Recuerden que por esa razón expulsaron a Héctor Endara y su equipo de la Pastoral Social Caritas de Panamá y lo reemplazaron por un PRD que se ha desconectado de las comunidades.   ¿Creen Uds. que es casual que el doctor Marcel Salamín,  subdirector del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa Pública, entidad adscrita a la Presidencia de la República , haya sido nombrado Director en la Junta Directiva de Petaquilla Copper de Canadá y que no hubiese renunciado  a dicho Consejo sino dos o tres días después de su designación como director de Petaquilla, a raíz de nuestras denuncias de ilegalidad o conflicto de intereses?  El doctor Salamín -- y esto es un hecho público y notorio -- fue la única persona que defendió y sustentó, cuando era Asesor en el Ministerio de Gobierno y Justicia bajo la presidencia de la entreguista Mireya Moscoso, el Tratado Salas-Becker de 2002, que permite el libre ingreso de fuerzas armadas de EE.UU. en territorio panameño para cooperar en la represión contra delitos internacionales no especificados.  Fue ese mismo gobierno el que suscribió una "enmienda" al Tratado Salas-Becker, suscrita en una ceremonia presidencial con George Bush presente, que permite el abordaje libre, por parte de fuerzas militares de EE.UU. y de una coalición de países aliados de dicha potencia, de cualquier barco DE BANDERA PANAMEÑA, EN AGUAS PANAMEÑAS Y EN CUALQUIER PARTE DEL MUNDO, aunque no sean propiedad de panameños, con el fin de ejecutar su política de eliminar las "armas de destrucción masiva".  Pese a las quejas de los Comités Eclesiales de Base y las advertencias de nosotros, la jerarquía eclesiástica se inclina a favor de minera Petaquilla, no obstante el rechazo a las mineras en buena parte de Latinoamérica por parte de sectores de la Iglesia Católica.  El obispo de Colón, a quien solamente le falta el casco de minero, puso fin a 80 años de presencia de los claretianos en Panamá, cumplidos el 31 de diciembre de 2007.  Por esta razón, el Servicio de Paz y Justicia en Panamà, que me honro en presidir, ha decidido otorgar el PREMIO NACIONAL DE LA PAZ 2007- 2008 a "los misioneros claretianos" por su acompañamiento a las comunidades pobres de la Costa Abajo de Colón (sitio de la minera Petaquilla) y otorgar Pergamino de Reconocimiento a las misioneras españolas, Ito Maraver y Angelines Torres, por su extraordinario acompañamiento, que partirán hacia España el domingo 13 de enero.  El acto se llevará a cabo en la casa anexa a la Iglesia de La Pintada , "hogar" de la empresa Petaquilla.  El que pueda llegar queda invitado:  sábado 12 de enero, 9 a .m. a 12 meridiano.. Esperemos que la empresa AES y el gobierno recapaciten y consideren la posibilidad de perder las elecciones por las razones anotadas, porque las imposiciones manu militari no serán aceptadas. Defendamos el patrimonio nacional de los saqueadores nacionales e internacionales y opongámonos a la militarización. De lo contrario, se verá que la democracia no sirve para nada. Atentos saludo Juliio Yao