“La sociedad y las fuerzas vivas que la conforman enfrentan el desafío de construir
espacios para una auténtica participación, en donde los sectores humildes
del pueblo empobrecido tengan la oportunidad de reflexionar sobre la realidad del país y
se comprometan en las tareas que demanda nuestra vida en sociedad.”
(Justicia Social en Panamá, Carta Pastoral de la CEP,
6 de enero de 2001, No. 19).

Queridas hermanas y hermanos: Con LaCarta 69 retomamos nuestra comunicación mensual con ustedes. Como han podido ver, el texto citado arriba, corresponde a la Carta Pastoral sobre la “Justicia Social en Panamá” presentada por la Conferencia Episcopal Panameña, durante la fiesta de la Epifanía del Señor y como clausura del Año Jubilar. Animamos a todos los lectores de LaCarta, que tengan la posibilidad, a ir a la fuente y conocer directamente este mensaje de los obispos de la Iglesia Católica que trabaja en Panamá. “La Justicia Social en Panamá (JSP)” es fruto de un largo proceso, más de tres años, a través de seminarios, encuentros, talleres, asamblea y congreso. Las personas que trabajamos en la animación y coordinación del proceso nacional de Pastoral Social-Cáritas de la Iglesia Católica en Panamá, nos reconocemos en el texto de esta Carta Pastoral #16 de la Conferencia Episcopal Panameña (CEP). En el No. 4, dicen los obispos de la CEP: “En la primera y tercera parte hemos tomado en cuenta los aportes del Ier Congreso Nacional de Pastoral Social-Cáritas que se realizó en el mes de octubre del año 1999...”.

Nada justifica las alzas en las tarifas telefónicas y de luz

Ahora que la población, con justa razón, exige un alto a las políticas neoliberales; a las privatizaciones y las insoportables alzas en las tarifas de las corporaciones piratas al frente de las empresas de luz y teléfono, los partidos políticos tradicionales, que maneja la oligarquía criolla, miran hacia todos lados sin oír, ni ver, ni enterarse del clamor de la población. ¿Dónde quedaron las promesas electorales? ¿A dónde se fue toda la “camaradería” y “amistosidad” que derramaban los partidos políticos, en busca del poder, sobre la población empobrecida y esperanzada de mejores días? Bien dicen los obispos, que, “Como cristianos no debemos apoyar partidos y proyectos políticos que funcionan exclusivamente al servicio de los intereses del poder económico y en detrimento de la vida y de los derechos humanos, lo que los hace ineficaces para impulsar el bien común.” (No. 104 JSP).

La mayor violencia está en las alzas y la negación de los derechos fundamentales...

El alza en las tarifas de luz y teléfono, la corrupción, la impunidad, el acaparamiento de las riquezas de la sociedad constituyen la violencia estructural e institucionalizada que tanto daño está causando a la población. Porque rechazamos los métodos violentos, denunciamos las injustificadas alzas en las tarifas de luz y teléfono, ¿acaso las alzas no son una forma de agresión violenta a la población?, ¿cómo podemos llamar a las alzas que le disputan a amplios sectores de la población el alimento, el vestido, la vivienda y el derecho a la educación?, ¿no saben los señores de estas empresas transnacionales de los bajos salarios, de hambre en muchos casos, que perciben los trabajadores panameños? Esta es la primera y gran violencia. Todos y todas tenemos la responsabilidad de enfrentarla desde la raíz.

Combatir la corrupción, a esto nos invita la Carta Pastoral JSP en el No. 156: “Todo esto presupone una lucha frontal contra la corrupción y la impunidad, tanto pública como privada. La corrupción en la administración del Estado daña la credibilidad del Gobierno y afecta de manera directa los recursos disponibles para invertir en obras sociales.

La corrupción es un verdadero robo a los más pobres.

La transparencia y la lucha contra la impunidad son elementos indispensables para hacer creíble la institucionalidad democrática.” El hambre, la miseria, el desempleo, la falta de vivienda y educación no se combaten con perdigones, gases lacrimógenos, “mano dura”, ni a sangre y fuego. La verdadera “apología del delito” se pregona y se propaga con el incumplimiento y negación de los derechos fundamentales. Dicen los obispos que “El Estado debe garantizar a todos los ciudadanos, y en especial a los más débiles, la defensa de la vida y sus derechos fundamentales. ...los derechos sociales y económicos: bienestar, salud, educación, vivienda, seguridad social y empleo;...” (No. 102 JSP).

No es válido el pretexto de garantizar “seguridad jurídica” a las compañías piratas, cuando se exprime al país entero. A las periódicas protestas ciudadanas que se vienen realizando en la ciudad frente a las instalaciones de CW en vía España, le han seguido las protestas de miembros de APEDE en Azuero, el Chorrillo, el SUNTRACS, la CONUSI, la Universidad de Panamá y Bocas del Toro, para mencionar sólo algunos sectores. Para el miércoles 14 de febrero el Movimiento Nacional por la Defensa de la Soberanía (MONADESO) que conforman un conjunto de organizaciones sociales, sindicales, gremiales, estudiantiles e instituciones ha convocado a una caminata pacífica desde las instalaciones de CW en vía España hacia la presidencia de la república... ¿Mantendrá el gobierno su sordera crónica ante el clamor del pueblo?

¿Y la seguridad jurídica en el caso de Mocambo Abajo?

¿Han estado pendientes de las luchas de los moradores de Mocambo Abajo? Los desalojos han sido violentos y las falacias de las autoridades no han podido tapar la injusticia que hierve en la base de sus acciones. Miren ustedes lo que son las cosas: el señor Enrique Rodríguez, corregidor de Ancón, procedió a demoler la escuela de Mocambo Abajo. Nos parece inaceptable que, mientras las organizaciones de derechos humanos nos ocupamos de coordinar con la Defensoría del Pueblo para llegar a una solución fundamentada en la verdad y la justicia, las autoridades, utilizan procedimientos violentos en el trámite de este caso. Nos consta, por el seguimiento que hemos estado realizando, que existen dos versiones, sustentadas en documentos, sobre la legitimidad de los moradores para habitar en el área: la versión de los moradores y la versión de particulares e instituciones gubernamentales. Hemos expresado reiteradamente que sólo mediante un estudio tenencial y un censo poblacional objetivo se logrará clarificar los linderos, las medidas y propietarios de los terrenos en que convive la comunidad de Mocambo Abajo. Preguntamos: ¿por qué las autoridades hacen prevalecer, mediante métodos violentos, la versión de una de las partes sin que se haya realizado el estudio para aclarar, en derecho y en justicia la situación? Jamás podremos aceptar que la violencia, que hoy ejercen las autoridades, sea un método coherente con la dignidad y el respeto que se merece la ciudadanía.

Las medidas violentas demostradas en las acciones de desalojo de la comunidad de Mocambo Abajo: el derribo de las viviendas y de la escuela del lugar, simbolizan el egoísmo, el odio y la furia del sistema de injusticia contra los más humildes y empobrecidos, que prevalece en el país. Queda claro una vez más que los pobres “estorban” en todas partes. ¿Dónde están las autoridades que deben defender los derechos humanos, el derecho al debido proceso, a la vivienda, a la educación? ¿Dónde quedó la justicia y la seguridad jurídica de los mocambeños? No hay secretos, las autoridades estaban ocupadas, coordinando entre ellas, y con los señores del poder que se autoproclaman los dueños de los terrenos, realizando los desalojos y derribos de casas y de la escuela en la misma comunidad de Mocambo Abajo, aplastando a los que deberían proteger. Con aplicación de las leyes y autoridades como éstas... ¡que Dios nos proteja!

¿En dónde está el origen del creciente malestar social diseminado por todo el país?

Como no escuchan el clamor de la población, que en cada protesta saca a pasear su hambre y desesperación por las injusticias que sufren, a ver si escuchan a los obispos: “Las crecientes críticas a los diferentes órganos del Estado encuentran su fundamento en los excesivos privilegios que se han venido dando a sí mismos. Los desproporcionados salarios, dietas, comisiones, y otras ventajas, son una afrenta a la situación de empobrecimiento que existe en el país.” (JSP No. 103).

Coordinadora Campesina Contra los Embalses

Vigilia solidaria: “Por el derecho a la Vida y a la Tierra” La Coordinadora campesina contra los embalses invita A TODA LA POBLACIÓN COLONENSE, COCLESANA Y CAPIREÑA, y al pueblo en general, para que participe en la GRAN VIGILIA DE SOLIDARIDAD con los campesinos y campesinas amenazadas por el proyecto de expropiación y anegación de nuestras tierras por parte de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) que pretende la expansión de la cuenca del canal. La vigilia se realizará desde el lunes 12 al viernes 16 de Marzo en la ciudad de Colón.

La vigilia de solidaridad y por el derecho a la VIDA y a la TIERRA tendrá lugar en los salones de la Iglesia Virgen del Carmen de Colón, en la calle 16 Meléndez. Vamos a expresar clara y fuertemente nuestro total rechazo a la inconsulta, ilegítima, injusta y arbitraria Ley 44 del 31 de agosto del 99. Panameño, panameña: esperamos tu presencia solidaria y militante. La defensa de la vida y la tierra, también es parte de tus luchas. Coordinadora Campesina Contra los Embalses.

Vivimos en “un país que se organiza y funciona casi exclusivamente para servir al progreso económico, en detrimento, muchas veces, de la calidad de vida humana. Sería interminable la enumeración de todas las situaciones que hoy hacen sufrir a muchas panameñas y panameños: violencia, explotación, empobrecimiento, corrupción, impunidad, inseguridad.” (No. 5 JSP). Militantes del carnaval Como símbolo de por dónde anda la conciencia ciudadana, en la ciudad de Panamá, cada vez, podemos ver más autos particulares y de transporte colectivo, sobre todo taxis, “vestidos” de carnaval. Demasiadas personas toman demasiado en serio los carnavales, actúan como auténticos “militantes” del carnaval y su desenfreno: chupadera, fumadera, “drogadera” y más chupadera... qué locura. ¿quién ha dicho que para divertirse hay que estar “borracho y amanecido”? A propósito de quien vende y gana en carnavales, viene bien reflexionar sobre lo que dicen los obispos: “Lamentablemente a quien sólo le importa la ganancia y el dinero, no le preocupa el ambiente ni la calidad de vida de la gente.” (JSP No. 21). Pero, ¿qué será lo que más se vende y distribuye durante los carnavales? Adivinó: “Mientras en otros países existen leyes que impiden la publicidad de alcohol y tabaco en los medios de comunicación y en las calles de Panamá se promueve el deporte (y los carnavales, agregamos nosotros) a través del tabaco y el alcohol.” (JSP No. 44).

Nos llegará un nuevo día, un nuevo cielo, nueva tierra, nuevo mar. Y en ese día los oprimidos, a una voz, la libertad proclamarán. Que la paz de Dios esté con todas y todos nosotros.

Equipo de la oficina nacional de Pastoral Social-Cáritas