Panamá, 10 de mayo de 2001.
“La fe pascual impulsa al creyente a tomar partido por la vida
dondequiera que ésta se vea lesionada, ultrajada o destruida”
(Carta Pastoral “Justicia Social en Panamá”, n-61).
Queridas hermanas y hermanos: Nos es fácil estar de acuerdo en que la defensa de la vida es nuestra prioridad. Lo que no es tan fácil es ponernos de acuerdo sobre dónde se está lesionando la vida, o dónde y cuándo se la ultraja o se la destruye. Mucha gente que dice defender la vida humana, guarda silencio ante la guerra, tolera programas televisivos y películas de acción de muchas muertes por minuto y cree que hay que soportar indefinidamente un sistema económico que, por servir al lucro, permite que algunos acumulen mientras otros se mueren de hambre. La muerte por hambre es muerte, como es muerte la violencia en las calles que tanto nos escandaliza. La vida se defiende donde sea y de quien sea y jamás podrá relativizarse su defensa sin faltar a la justicia y a la verdad. Ellas son el control que nos permite no caer en superficialidades cuando analizamos lo que pasa en nuestro país y cómo cada acontecimiento afecta la vida humana.
Es en ese sentido en el que va nuestro interés al elaborar esta carta, cada mes, porque nos preocupa que nuestra decisión de defender la vida sea mediatizada por ignorancia de información o por el poder que, quienes la lesionan, han tenido para hacernos pensar que, frente a sus planes, no podemos ni hacer ni decir nada. No podemos renunciar a hablar de lo que hemos visto y oído. Igual que los primeros cristianos, la fuerza de la resurrección nos impulsa a obedecer a Dios antes que a los hombres, y a afirmarnos en su voluntad para vencer todo plan de muerte, empezando, a punta de información y sano discernimiento, por desenmascarar todos sus disfraces.
Si el pasaje aumenta disminuye la calidad de vida del pueblo.
El neoliberalismo ataca de nuevo. Ahora lo hace directamente, con el transporte, como un vulgar carterista, vaciando los escuálidos bolsillos de los empobrecidos. Nos suena a cinismo oír que se centra la discusión, sobre el aumento del pasaje en el transporte público, en la exigencia o no de mejorar gradualmente el servicio. El problema verdadero está en la incapacidad del bolsillo del pueblo para responder a esta nueva exigencia, sin que tal cosa se traduzca en más presión sobre la subsistencia y en el deterioro en la satisfacción de otras necesidades, sobre todo una tan prioritaria como la comida. Y es que el transporte colectivo urbano tiene un particular usuario: los trabajadores y las trabajadoras; quienes tendrán que cargar con la crisis económica, disminuyendo su capacidad de ahorro y generando circulante.
El presupuesto de las familias empobrecidas no aguanta un golpe más. Y la mentira de que cada golpe amerita el sacrificio (siempre el sacrificio de los pobres) porque éste se traduce en mejores servicios posteriores, ya no encuentra ningún asidero en la mente del pueblo sistemáticamente defraudado. El aumento de la luz y el del teléfono no son precisamente precedentes recomendables en este tipo de promesas hechas al pueblo.
¿Es éste el momento, o no, para un aumento en el pasaje? Esa no es la pregunta. La clave está en identificar si esa medida lesiona, ultraja o termina de destruir las condiciones de vida del pueblo, del pueblo-pueblo, panameño. La gran interrogante es: ¿cómo hacer que alguien que termina cada quincena “pidiendo prestado” para sobrevivir, pueda ahora responder a este otro aumento? Así, el verdadero tema al fondo del aumento, está al margen de la discusión sobre el desastre en la calidad del transporte público. El problema, el verdadero, son los bolsillos vacíos, no la manera de remendarlos.
En qué consiste el problema del transporte y cómo podemos enfrentarlo.
El aumento del pasaje, creemos honradamente, no es sino la consabida “gota que derrama el vaso” de la paciencia popular. Y no es que “o se hacen las cosas como la Suntracs, el Conusi, Monadeso o los universitarios quieren o hay violencia”, porque tampoco puede ser que “o se hacen las cosas como los empresarios privados quieren o hay violencia”. Las cosas se hacen en la medida de las necesidades del pueblo y para eso están los gobernantes y servidores públicos. ¿Cuál es la alternativa? Controlar la calidad del servicio, mantener un precio accesible, mejorar las condiciones laborales de los palancas que son quienes ponen a rodar esos vehículos colectivos, es un camino. Sin embargo, lo fundamental está en no seguir trasladando el aumento de los costos de producción por los fenómenos económicos a los ciudadanos y ciudadanas, sino dirigirse al ámbito de las ganancias de la empresas y a la reducción de excesivos salarios de funcionarios públicos para convertirlos en subsidios que, al menos, provisionalmente, alivien la dura crisis económica que viven los empobrecidos del país.
El ALCA ¿para qué?
El Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA), no es más que la extensión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que ya opera, en ese sector del continente, desde el 1 de enero de 1994. Se viene “vendiendo” esta idea en nuestro país desde hace rato y ahora somos hasta la sede “pro témpore”, aunque los mismos que nos “venden” la idea, lógicamente porque eso favorece sus mezquinos intereses neoliberales, anhelan hacerla permanente. Realmente no es más que un nuevo intento de los países poderosos de solidificar sus redes de dominación económica y fiscal, pase lo que pase en los países sometidos.
Contra todas las advertencias que hacemos a los niños para no aceptar caramelos o ensaladas de mango con drogas, nosotros los adultos nos tragamos un caramelo envenenado como el del ALCA. Nuestros países pobres acaban con su vida girando, incluyendo todas sus necesidades y verdaderos intereses, alrededor de los intereses del gran capital internacional. Se envuelve este caramelo envenenado en propaganda acerca del negocio de los hoteles y turismo que provocan los ejecutivos que vienen a la sede del ALCA.
El ALCA, al fin y al cabo, no es sino la cara de cordero del fallido modelo del libre comercio y de la privatización en todo el hemisferio. Hasta la fecha, todas sus reglas se caracterizan por dar más poder a las grandes corporaciones internacionales, en detrimento directo de la soberanía real de los estados nacionales. Hasta ahora, su aplicación ha significado, como todo en el neoliberalismo globalizante, el predominio de los criterios e intereses del dinero y el lucro sobre la persona, su dignidad y sus derechos. Dos ejemplos:
-Las transnacionales de América del Norte ejercieron todo su poder para conseguir que nuestros Estados no fijaran las necesarias políticas de salud, seguridad, medio ambiente y derechos de los trabajadores, lo que les ha imposibilitado llevar a cabo políticas de interés común.
-En México, se calcula en 28.000 las pequeñas y medianas empresas que han tenido que cerrar como efecto de la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
El ALCA no puede garantizarnos que tiene un antídoto contra estos males. Sería un acto suicida de nuestra responsabilidad permanecer indiferentes ante planes que ya están tomando cuerpo y evolucionando frente a la complicidad de nuestro silencio. El primer paso que podemos dar en la dirección adecuada es buscar y asimilar información al respecto. Ningún plan individual debe ser obstáculo para que la nación tome la decisión conveniente a nuestro pueblo.
La violación de la autonomía universitaria.
¿Qué autoridad moral conserva, un gobierno que violenta las leyes, para criticar o reprimir la violencia desatada? En este caso se añade la evidente violación al compromiso expreso de la señora Presidenta de que ella no repetiría los errores de gobiernos anteriores, refiriéndose explícitamente a la violación de la autonomía universitaria.
No es ella la única que repite errores anteriores. Vimos, con nuestros propios ojos, el momento en que, aprovechando la ocasión, maleantes, que nada tenían que hacer durante la manifestación del 9 de mayo, ni durante su represión, hicieron su reaparición (desde la tristemente famosa invasión del 89 a Panamá). Esos sucesos, tanto la violación a la autonomía universitaria como los asaltos al comercio ciudadano, pueden encontrar toda la explicación que queramos, pero no encontrarán nunca justificación.
Suelten a Barrabás. Tabasará II tiene el consentimiento del Ministerio Público
Recientemente, la Procuraduría de la Administración (PA) emitió un concepto superficial sobre una ilegalidad. Es el caso del Tabasará II, proyecto hidroeléctrico que atenta contra la vida de campesinos, indígenas y muchos ecosistemas.
La PA opina que el estudio de impacto ambiental (EIA) presentado por el consorcio de Gabriel Btesh a la ANAM y aprobado por ésta, es completamente legal. Para la PA, basta sólo con presentar un EIA a la ANAM, para que ésta simplemente supervise, controle y fiscalice las actividades previstas en el EIA. Es decir, sea meramente contemplativa de la destrucción del ambiente y expulsión de sus tierras de gran cantidad de campesinos e indígenas.
También ignora, en su concepto, que no se trata de la comarca, sino de la población indígena ngóbe y campesina, pues todos ellos son seres humanos iguales. En cuanto a aquéllos, hay territorios indígenas fuera de la comarca y no por eso se hallan fuera del alcance de su ley orgánica. En cuanto a los campesinos, igual son seres humanos, independientemente de que cuenten o no con una ley orgánica. En todo caso, son gente que trabaja la tierra y que la Constitución de la República ampara en su régimen agrario.
Por último, supuestas declaraciones que son aportadas como prueba por el consorcio, en el estudio de impacto ambiental, hoy son desmentidas por quienes sienten que sus nombres han sido utilizados para los designios del consorcio, denunciando y rechazando la pretendida hidroeléctrica y apostando por la vida.
Que Dios nos ayude a discernir su voluntad en cada decisión nacional, para asegurar que el pan de cada día y la justicia para distribuirlo nos libren de los males que atentan contra nuestra dignidad y nuestros derechos.
Equipo de la oficina nacional de Pastoral Social-Cáritas Panamá
