En la semana del 17 al 21 de mayo se realiza en Panamá la IX Conferencia Regional sobre Migración, en donde los gobiernos de la zona analizarán las políticas migratorias, con el evidente propósito de coordinar y aumentar las medidas de control y restricción a la migración de personas, según las nuevas disposiciones de seguridad que impone el gobierno de los Estados Unidos. En este contexto, organizaciones sociales que trabajamos con seres humanos afectados por el tema de migración y refugio en Panamá, informamos a la opinión pública sobre diversos aspectos de vital importancia para que este tema sea tratado desde la óptica de los derechos humanos.

Masivas Deportaciones

Sólo en al mes de abril, la Dirección de Migración deportó del país a más de 200 personas que se encontraban indocumentadas, la mayoría de éstas no tuvieron acceso a una asistencia legal; el caso es más grave si se considera que muchas de estas personas mantenían vínculos familiares con nacionales y, en algunos casos, tenían hijos panameños. Al parecer, este sistema de arbitrariedades se ha convertido en la práctica diaria de la actual Dirección de Migración, ignorando abiertamente los derechos humanos que tienen los migrantes, sin importar su estatus migratorio legal.

Repatriaciones

Urge conocer lo que ha pasado con las personas repatriadas, supuestamente de manera voluntaria, cuáles son las condiciones de seguridad que tienen en Colombia en estos momentos. No queremos que se repitan hechos como el de abril de 2003 en el Darién, en donde 109 personas fueron devueltas a la fuerza y contra su consentimiento.

Decreto Ejecutivo 23 del 10 de febrero de 1998

Esta norma, aprobada por nuestro país, claramente viola las siguientes reglas: La Ley 17 de 1979, por la cual se aprueba la Convención de Viena, sobre el Derecho de los Tratados; la Ley 5 de octubre de 1977; el artículo 10 del Código Civil; el artículo 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; el Artículo 22 de la Convención Americana, en especial los ordinales 7, 8 y 9; el artículo 47 de la Ley 38 del 2000; el ordinal 1 de la ley 15 de octubre de 1977, ya que las garantías judiciales y el respeto al debido proceso no se cumplen en el decreto; se viola el artículo 24 de la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, en donde queda consignada la igualdad de las personas ante la ley.

Persecución

El aumento de hostigamiento hacia la población migrante, por parte de la Dirección de Migración, crea incertidumbre y angustia en personas que siempre han contribuido a la existencia y progreso de nuestro país. Además vemos también cómo las decisiones migratorias han sido utilizadas políticamente para acosar y presionar el compromiso social de la Iglesia Católica, en particular de aquellos equipos misioneros e instituciones que realizan una labor de acompañamiento a favor de la clase más empobrecida de nuestro país.

Anteproyecto de Ley de Migración

Actualmente en el país se ventila un anteproyecto de ley que intenta recoger leyes y decretos dispersos en el tema migratorio. Un análisis del anteproyecto de ley nos indica que éste abrirá las puertas a quienes tienen recursos económicos y las cerrará a aquellos cuyo único recurso son los deseos de trabajar para construir un futuro mejor. La experiencia ha demostrado que el cierre de fronteras no frena la migración, al contrario, trae como consecuencia el aumento del tráfico de seres humanos. Una ley en la que se realza el tema migratorio como seguridad interna del Estado y que, para garantizar su cumplimento, viola los derechos fundamentales de cualquier ser humano, está destinada a aumentar los niveles de ilegalidad y arbitrariedad. Una ley en la que no se toma en cuenta el tema humanitario, amañando la movilidad indígena transfronteriza, intenta legitimar el racismo y el etnocidio.

Respeto a los instrumentos internacionales de protección

Los derechos humanos constituyen atributos indispensables para el ejercicio de la dignidad humana y han sido reconocidos y consagrados en diversos instrumentos internacionales firmados y ratificados voluntariamente por los estados. Los derechos humanos tienen un carácter primordial sobre cualquier otro compromiso asumido por los estados del mundo. En este marco se incluyen los derechos de los migrantes, refugiados, y sus familiares, consagrados en diversos instrumentos internacionales.

A pesar de los compromisos asumidos internacionalmente por los estados, constatamos la violación de los derechos humanos de los migrantes y refugiados, la situación de irregularidad de miles de personas en diversos países, el trato al migrante y refugiado como si fuera un criminal, detención arbitraria y discriminación, así como su exposición al maltrato, la xenofobia y el racismo que afectan de manera particular y/o diferencial a mujeres, niños, indígenas y pueblos "afrodescendientes".

1. Que se ponga un alto a las persecuciones, arbitrariedades y acoso contra todos los migrantes y refugiados en Panamá.

2. Que detengan la aberrante práctica de los operativos masivos por parte de las autoridades migratorias, que desemboca en deportaciones injustas de personas; desintegra hogares y deja a menores sin el amparo de su padre o madre.

3. Respeto a los derechos humanos que tienen todos los migrantes y refugiados, sin importar su condición migratoria.

4. Respeto a las normas internacionales firmadas por Panamá, normas que protegen diversos derechos, como el derecho a la familia, al trabajo, a la educación, entre otros.

5. Pedimos que se derogue el Decreto Ejecutivo No. 23, que regula el tema de refugio en Panamá, decreto que es abiertamente violatorio de los instrumentos internacionales de derechos humanos.

7. La erradicación de las repatriaciones forzadas y que las personas bajo protección temporal humanitaria, tengan derecho a un cambio de estatus a fin de que puedan obtener una residencia permanente en Panamá.

8. Que se detenga el hostigamiento a los miembros e instituciones de la Iglesia Católica que trabajan al servicio de los grupos más vulnerables de nuestro país, utilizando decisiones migratorias arbitrarias e injustas.

9. A los organismos internacionales, cuyo mandato es la protección de los derechos de los migrantes y refugiados, que asuman el mandato encomendado, sean enérgicos hacia los gobiernos y exijan el cumplimiento de las normas internacionales a las cuales se han comprometido.

10. Que no olvidemos que los migrantes y refugiados son seres humanos, sujetos de derechos y partícipes en procesos de construcción de riqueza social, cultural y económica.

11. Finalmente, exigimos a los representantes de los diversos gobiernos que se reúnen en Panamá, que conjuguen los aspectos de política migratoria con el derecho humanitario internacional en todos los ámbitos: nacional, regional y global. Que no olviden que, ningún ser humano es ilegal.

¡Alto a la arbitrariedad que emana de la Dirección Nacional de Migración de Panamá!
¡Alto al hostigamiento al trabajo social que realiza la Iglesia que trabaja en Panamá!

Ciudad de Panamá, 18 de mayo de 2004.